El PNV se ha posicionado en contra de la llamada «financiación singular para cataluña» y confía en que el preacuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, que implicaría un concierto fiscal con Cataluña parecido a los del País Vasco y Navarra, no condicione su sistema de financiación, blindado por la Constitución.
Los temores de los nacionalistas vascos se centran en que la presión para que el cupo catalán sea «solidario con el resto de España» acabe con el País Vasco pagando más que ahora en cada liquidación anual con el Estado. El recelo con ERC viene de meses atrás. Ya en marzo, durante la precampaña para las elecciones vascas del 21 de abril, cuando el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, reclamó a Pedro Sánchez un concierto económico «como el vasco pero con solidaridad», el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, reaccionó con reproches.
Sin atreverse a decirlo en público, lo que desean en privado no pocos dirigentes del PNV es que el rechazo de las federaciones socialistas, por un lado, y la pretensión de varios socios de gobierno (BNG o Compromis y la Chunta, ambos integrados en Sumar) de extender el cupo a sus territorios, acabe tumbando en las Cortes el concierto catalán.
Ante las cámaras, en cambio, el lehendakari, Imanol Pradales, se felicitó este lunes por el pacto PSC-ERC que «aumenta el autogobierno» de Cataluña, pero marcó distancias y pidió no mezclarlo con la «singularidad» del Concierto Económico vasco, que es «muy específica y está constitucionalmente reconocida».
Los agravios vasco y navarro
Representantes del PNV y del Gobierno Vasco reconocen en privado que el debate les resulta «incómodo» porque se está planteando de forma muy cruda al calor de la investidura de Illa, y porque, 45 años después de implantada, en el resto del Estado la foralidad de los cuatro territorios (las tres provincias vascas y Navarra), su aportación del 5,94% al PIB nacional en el caso del País Vasco, y del 1,64% correspondiente a Navarra, se sigue viendo como un agravio a la igualdad fiscal de los españoles.
La nueva singularidad catalana haría mucho más visible la desigualdad entre las regiones con rentas más altas y aquéllas con rentas inferiores y, además, denotaría la inviavilidad de un Estado tan asimétrico. Cataluña es, después de Madrid (19,44%), el territorio que más aporta al PIB nacional: un 19,01%; Valencia aporta un 9,33% y Baleares, 2,51%. Entre las cuatro más el País Vasco y Navarra suman el 57,87% del PIB español.
Si, además de Cataluña, Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana (en virtud de la llamada cláusula Camps de su estatuto) reclaman su «singularidad» para recaudar todos los impuestos en sus territorios, las que quedarían en el llamado régimen común de financiación serían las once más pobres, que entre todas sólo suma un 42,13% del PIB español.
