El 17 de enero de 2019, la violencia de un grupo de radicales contra un mitin de VOX en Zaragoza cambió para siempre la vida del agente antidisturbios O. M.. Aquella noche, adoquines y piedras lanzados contra las fuerzas de seguridad dejaron a siete policías heridos. Él fue el peor parado: seis operaciones en el brazo, dolor crónico y una jubilación forzosa con apenas 45 años. «Las lesiones derivaron en una incapacidad total y en un dolor continuo. Me forzaron a la jubilación», explica. Su vida se redujo a quirófanos, medicación y la dependencia de terapias para mitigar el sufrimiento. «Si no fuera por mis hijos, ya no tendría sentido ni objetivos», admite con crudeza.
Mientras tanto, el Gobierno ha otorgado un indulto a dos de los condenados por aquella agresión. Y O. M. lo tiene claro: «Ese acto desvirtúa lo que en sí es la concesión de un indulto. En lugar de resarcir una mala decisión, el Gobierno premia a los autores y lanza el mensaje de que se puede hacer lo que quieran siempre que sea de la correa que ellos les llevan». El exagente no oculta su decepción: «El Gobierno ha preferido mirar a los violentos y no a quienes hemos dado nuestra vida en la calle«. Y recuerda que los culpables no sólo fueron los jóvenes que lanzaron piedras, sino «aquellos que los alentaron y utilizaron como balas».
A su drama personal se suma lo que define como un abandono absoluto del Ministerio del Interior. «No sólo nos dejan a los pies de los caballos, sino que ni siquiera han reconocido mis méritos y sufrimiento. En otros casos se dan medallas, a mí quisieron taparlo», denuncia en The Objective. O. M. llevó su caso a los tribunales y el TSJ de Madrid le dio la razón, obligando a Interior a reconocer su incapacidad como acto de servicio. Pero un año después, la sentencia sigue sin ejecutarse. «No querían reconocer mis lesiones, supongo que con un afán de taparlo todo», lamenta.
Los sindicatos policiales comparten esa sensación de abandono y recuerdan que el Gobierno se sigue negando a reconocer a la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, a pesar de que en 2024 se produjeron 16.788 agresiones a agentes, un 30% más que antes de la pandemia. El caso de O. M. refleja el doble rasero de un Ejecutivo que indulta a violentos condenados por atacar a la Policía mientras da la espalda a quienes arriesgan su vida en defensa del orden público.
