El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, no descartó este lunes apoyar un Gobierno de PNV y PSOE tras las elecciones del próximo domingo, «pero con condiciones». Señaló que desde su partido «ofrecerían su disposición» a cambio de «un proyecto en el que se refleje el perfil del PP» y de medidas como la implantación del sistema VioGén en la región.
La realidad es que no hay grandes diferencias entre los programas del PNV, el PSOE y el Partido Popular, que ahora se compromete a «impulsar todas aquellas medidas que apuesten por desarrollar un sector agroalimentario competitivo» y a desarrollar «un Plan para la promoción de las Mujeres en el Medio Rural», mientras en el Parlamento Europeo apoya la Agenda 2030 y el Pacto Verde que arruina a los agricultores y a los ganaderos, y condena a la España vaciada, y su vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, reitera que en la Eurocámara son coalición «desde hace mucho tiempo» con el Partido Socialista y con Los Verdes.
Los populares señalan que «las estadísticas oficiales demuestran la inseguridad creciente» en la región y abogan por un «Plan de Seguridad para las Mujeres» ante el aumento de los delitos sexuales, pero ocultan —como socialistas y jeltzales— que se debe a la inmigración ilegal que ellos mismos alientan junto al PSOE y el separatismo con su apoyo, por ejemplo, a la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. No inciden en ningún momento en que España está importando delitos (como las violaciones en manada) que antes no se daban o en que un tercio de los delitos cometidos en el País Vasco los cometen extranjeros.
Además, reclaman la creación de una fiscalía anticorrupción «convenientemente dotada de los medios personales y materiales necesarios», una medida que supondría una mayor descentralización de la Justicia y que quede en manos politizadas del PNV o de Bildu, y abogan por crear la fiscalía vasca de la violencia de género, comprando así el relato feminista.
También dicen que «el conocimiento del euskera no puede primar» sobre la experiencia, la trayectoria profesional o la formación, una promesa incoherente con su programa de Gobierno (durante años) en regiones en las que gobierna con mayoría absoluta como Galicia, donde se acorrala el español y se ha impuesto el gallego hasta en las guarderías.
