El grupo parlamentario VOX en el Congreso ha defendido una moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política migratoria del Gobierno, en la que señala que España ha superado los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero, lo que supone un 20% del total de la población y duplica la cifra de 2019. La moción no ha sido apoyada este jueves ni por la izquierda ni los separatistas (rechazo), ni por el PP (abstención).
VOX denuncia la política migratoria del Gobierno, consistente en flexibilizar la figura del arraigo para facilitar la regularización de millones de inmigrantes irregulares. Sin embargo, apunta el partido, «esta normalización de las supuestas vías extraordinarias de regularización han sido insuficientes para el Gobierno, que está trabajando en la modificación del reglamento al objeto de llevar a cabo una regularización masiva fruto de un acuerdo de Podemos».
El plan del Ejecutivo es evidente: «Irene Montero ha expresado un interés vehemente por reemplazar a la población española que califica de ‘facha’, así como de impulsar la nacionalización de los extranjeros regularizados o una modificación normativa al objeto que puedan votar».
En este sentido, VOX también alerta de que la «regularización» fundamenta «una suerte de amnistía en la entrada y permanencia ilegal en nuestro país». «Desde el acceso a la vivienda hasta la saturación de los servicios públicos o el impacto en el mercado de trabajo, pasando por la seguridad, los españoles sufren cada día los efectos de la inmigración masiva y descontrolada», añade.
Por todo ello, se exige al Gobierno a tomar medidas como las siguientes repatriar a todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación o impedir que puedan acceder a cualquier tipo de ayuda social o servicio público; deportar a cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida, así como de todo aquel que decida no integrarse en la cultura de la nación que lo acoge o intente imponer la suya; y auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años con el fin de evitar el fraude y revocar la de todos aquellos que hayan accedido de manera fraudulenta a la misma.
También a realizar las modificaciones legales oportunas a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido de forma ilegal a nuestra nación; establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda; promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles; y establecer un régimen fiscal específico y disuasorio para proteger la adquisición de viviendas por parte de capital extranjero, con el fin de proteger el acceso a la vivienda por parte de los españoles. «Los ingresos generados por esta fiscalidad especial se destinarán íntegramente a financiar bonificaciones fiscales y ayudas directas para jóvenes españoles», concluye VOX.
