El programa de «justicia restaurativa» impulsado por el Gobierno vasco para reunir a presos de ETA con sus víctimas ha generado fuertes críticas internas y varios abandonos. Al menos cinco víctimas decidieron salir del proceso molestas por el desarrollo de los encuentros, según fuentes participantes, que cuestionan el enfoque del proyecto y el papel del mediador.
La iniciativa, promovida por el Departamento de Justicia que dirige la consejera María Jesús San José, ha contado con más de una veintena de reclusos y al menos 14 víctimas. Sin embargo, no todas completaron el itinerario, detalla El Mundo. Parte del malestar se centra en la figura del mediador principal, el jurista Julián Carlos Ríos, al que algunas víctimas perciben «más cercano a los presos» y cuya práctica de tomar notas de las conversaciones generó desconfianza.
Las críticas también afectan a la dinámica de los encuentros. Según las fuentes consultadas, en algunas sesiones se organizaban paseos entre víctimas y etarras en los alrededores de un caserío en Guipúzcoa, con la indicación expresa de «no hablar del pasado». El objetivo, según el programa, era fomentar una conversación centrada en la escucha y sin confrontación directa. En otros casos, los participantes eran situados en círculos con velas y se les instaba a abrazarse.
El proyecto se ha desarrollado con discreción hasta su reciente revelación pública. Consta de tres fases: reuniones separadas entre mediadores y cada grupo, intercambio de testimonios escritos y, finalmente, encuentros conjuntos y actividades fuera de prisión, como jornadas en el caserío Arretxe, en la localidad guipuzcoana de Alzo.
Más allá de su planteamiento oficial, centrado en la convivencia, el programa coincide con la concesión de beneficios penitenciarios a algunos de los participantes. La Fiscalía ha avalado la aplicación del artículo 100.2 —un régimen de semilibertad— al histórico dirigente de ETA Garikoitz Aspiazu, “Txeroki”, tras su participación en este tipo de iniciativas.
También ha tomado parte en el programa María Soledad Iparragirre, “Anboto”, otra dirigente de la organización terrorista, que ya ha iniciado un régimen de semilibertad que le permite salir entre semana y regresar a prisión para dormir.
Este vínculo entre los encuentros y la progresión penitenciaria alimenta las críticas de quienes consideran que el programa actúa de facto como un instrumento que facilita beneficios a los condenados por terrorismo.
El desarrollo del proyecto tampoco ha estado exento de tensiones dentro del propio sistema penitenciario. Profesionales del centro de Zaballa, entre ellos psicólogos y trabajadores sociales, se opusieron a la participación de algunos presos en actividades fuera de prisión al considerar que no cumplían los requisitos, como la cercanía al cumplimiento de sus condenas o la ausencia de permisos previos.
Además, algunos reclusos también mostraron reticencias y rechazaron en determinados momentos reunirse con las víctimas, lo que evidencia la falta de consenso incluso entre los propios participantes.
El modelo impulsado por el Gobierno vasco no exige el arrepentimiento explícito de los terroristas. Según fuentes penitenciarias, sus objetivos pasan por el «reconocimiento humano» entre víctimas y presos, la asunción de las consecuencias de la violencia o la llamada «pacificación transgeneracional», entre otros principios.
La ejecución del programa corre a cargo del Instituto de Reintegración Social de Euskadi (IRSE-EBI), una entidad subvencionada por el Ejecutivo autonómico con al menos 235.000 euros desde 2023.
El desarrollo de estas iniciativas, el trato a las víctimas y su posible impacto en los beneficios penitenciarios sitúan de nuevo en el centro del debate la política penitenciaria en el País Vasco y el papel de las instituciones en la gestión del legado de ETA.
