El nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género entra en su fase final tras alcanzar un acuerdo preliminar entre todos los partidos a excepción de VOX, que se ha desmarcado del consenso. Este lunes, las formaciones políticas concluyeron la redacción del texto definitivo, allanando el camino para su aprobación formal. Aunque aún debe superar dos votaciones, la de la Comisión de Seguimiento y Evaluación, prevista para el próximo lunes, y la del Pleno, el documento ya está cerrado y contiene nuevas medidas, entre ellas el reconocimiento de la «violencia económica» como una manifestación de la «violencia machista».
El informe, adelantado por ElDiario.es, incluye más de 400 acciones que abarcan diversos ámbitos. Algunas de estas medidas ya están recogidas en la legislación vigente, otras son reformas pendientes de implementación o requieren mayor definición, mientras que varias representan cambios innovadores. Para su ejecución, el documento establece un aumento presupuestario significativo: de los 1.000 millones de euros asignados en el anterior plan quinquenal, se pasa a 1.500 millones distribuidos anualmente. De este monto, 100 millones se destinarán a medidas de ámbito estatal, con un incremento del 15% anual para la Delegación del Gobierno contra la «Violencia de Género», 40 millones para los municipios y 160 millones para las comunidades autónomas.
Una de las novedades clave es la incorporación explícita de la «violencia económica» en el marco jurídico español. Esto se llevará a cabo mediante la trasposición de la Directiva Europea 2024/1385, que propone «reconocer, regular y definir» esta forma de «violencia» como la acción de «limitar, suprimir o controlar» el acceso de las víctimas a recursos económicos con el fin de generar dependencia financiera hacia el agresor. El informe subraya que la «violencia económica de género» no se limita al impago de pensiones, sino que también abarca delitos como el alzamiento de bienes, estafas, apropiación indebida o administración desleal.
Entre las propuestas concretas, el texto plantea la inclusión en el Código Penal de un tipo específico que «englobe todas las conductas» orientadas a «restringir la autonomía e independencia financiera de las mujeres». Además, se propone introducir una modalidad agravada del delito de impago de pensiones que considere el impacto económico en la situación de la víctima.
