La Consejería de Salud del Gobierno balear (PSOE) ha entregado la tarjeta sanitaria a miles de inmigrantes ilegales para que puedan acceder a todos los servicios sanitarios públicos.
Actúa Baleares ha denunciado que la Consejería de Salud del Gobierno balear, dirigida por la socialista Patricia Gómez, ha entregado la tarjeta sanitaria a 12.000 inmigrantes ilegales para que «puedan acceder a todos los servicios sanitarios públicos en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos de esta comunidad», una medida que tachan de «ilegal, injusta e irresponsable».
Ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) anuló la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares acordada en 2015 por el Govern para revertir una orden del ejecutivo central de 2012 que privó de asistencia médica gratuita a los extranjeros sin permiso de residencia.
Apreció una «clara extralimitación competencial» al reconocer a los extranjeros no residentes el acceso a la prestación de la totalidad de la cartera de servicios del sistema nacional de salud y manifestó que «no cabe duda de que es competencia del Estado (…) establecer las condiciones de asegurado y beneficiario del Sistema Nacional de Salud ya que esa normativa tiene carácter de básica en materia sanitaria».
En este sentido, el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, ha aclarado que «cualquier persona -sea ilegal o no- tiene derecho a la asistencia sanitaria urgente por razones de humanidad, pero es injusto, además de contrario a la sentencia del TSJIB, que los ciudadanos españoles y los extranjeros con permiso de residencia estén sosteniendo con sus impuestos la entrega de tarjetas sanitarias a inmigrantes ilegales para que estos puedan acceder a especialistas y todo tipo de pruebas o intervenciones quirúrgicas.
«Además, provoca un efecto llamada que colapsaría un sistema sanitario que ya cuenta con graves carencias en Baleares como demuestra que 40.000 pacientes aguarden una media de 33 días para acceder a un especialista o que 13.000 esperen 80 días para un cirujano», ha añadido, antes de instar al Gobierno de España a utilizar todos los mecanismos legales a su alcance para «detener la entrega de tarjetas sanitarias a los inmigrantes ilegales por el grave perjuicio que está ocasionando a los usuarios de la sanidad pública».
