En el fraude de la presunta compra y fabricación de votos por correo del PSOE en Albaida, que investiga la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor, la oficina de Correos desempeñó un papel fundamental. Dos empleados de la empresa postal pública están bajo la lupa judicial por su presunta implicación en una trama que habría facilitado que los socialistas mantuvieran su mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2019, según avanza el Abc.
De acuerdo con las indagaciones impulsadas por Izquierda Unida, el funcionamiento del voto por correo en aquella convocatoria electoral pudo haber sido manipulado mediante el uso indebido de recursos públicos y el incumplimiento de los procedimientos legales establecidos por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Esta normativa exige que los trabajadores de Correos verifiquen la firma del votante y la cotejen con su DNI, algo que, según las denuncias, fue ignorado deliberadamente por los implicados.
Entre los principales señalados figuran C. R. M., empleada de la oficina postal y exconcejala socialista, y A. G. D., también trabajador de Correos, quien se encargaba de distribuir el correo en la localidad. Según el relato de IU, C. R. M. era la encargada de recibir en la oficina las solicitudes y sobres de voto que, previamente, A. G. D. recogía directamente en el Ayuntamiento, sin que los votantes tuvieran que desplazarse a la oficina como exige la ley.
Estos hechos llevaron a IU a presentar una denuncia en la que detallan supuestas irregularidades como la aparición de decenas de sobres con una «x» marcada junto a la firma o testimonios de ciudadanos que niegan haber votado, pero cuyos sufragios fueron contabilizados. Uno de los casos más llamativos es el de un matrimonio que declaró ante la magistrada instructora que no participó en los comicios, aunque sus votos fueron hallados en las urnas.
IU mantuvo una reunión meses después de las elecciones con dos responsables de Correos —distintos a los investigados— para abordar sus sospechas. Según el coordinador de la formación en Albaida, Clemente Franco, los responsables de la empresa aseguraron que, si se demostraba la existencia de un solo voto manipulado, Correos se personaría en la causa. Cinco años después, dicha promesa no se ha cumplido, lo que ha llevado a IU a pedir a la jueza que cite a declarar como testigo a uno de los representantes legales de la empresa pública.
El caso ha escalado hasta implicar a figuras políticas de primer nivel en el municipio. El actual alcalde, José Antonio Gelo, y su antecesora en el cargo, Soledad Cabezón —ambos del PSOE—, están siendo investigados judicialmente. La acusación, según los autos judiciales, podría abarcar delitos tan graves como fraude electoral, falsificación de documentos oficiales, usurpación de identidad, prevaricación, y hasta participación en una estructura organizada para delinquir.
Uno de los elementos más comprometedores revelados por la investigación es el caso de 20 personas, entre las 115 contratadas por el Ayuntamiento en aquel año electoral, que habrían votado por correo estando todas empadronadas en la misma vivienda. Se trataría, en la mayoría de los casos, de núcleos familiares completos, una coincidencia que ha reforzado las sospechas sobre una posible estrategia de manipulación coordinada desde el ámbito institucional.
En este contexto, el avance de las pesquisas ha destapado lo que podría constituir una red de favores y prácticas clientelares para conservar el poder municipal mediante el uso fraudulento del sistema de voto por correo, un mecanismo diseñado para garantizar la participación y que, en este caso, habría sido utilizado para alterar el resultado electoral.
