Cuando se produce una crisis política, cada vez más frecuente dada la descomposición de nuestro régimen político, los españoles se dan cuenta de que el Senado tiene más importancia de la que le asignaron los constituyentes.
Según la Constitución, el Senado no interviene en la investidura del presidente del Gobierno ni en su destitución mediante una moción de censura; éstas son competencias exclusivas del Congreso. Además, su labor legislativa está supeditada al Congreso hasta tal punto que esta cámara puede revocar el veto que el Senado plantee a un proyecto de ley (art. 90 de la CE).
Sin embargo, el Senado tiene importancia cuando está controlado por un partido distinto del que tiene el Ejecutivo y el Congreso, como acabamos de comprobar en la reforma de su reglamento para atrasar la tramitación de la ley orgánica de amnistía ya anunciada por el PSOE. VOX, que sólo tiene tres senadores, también ha propuesto que la Cámara Alta rechace la admisión del proyecto cuando lo remita el Congreso.
En todo caso, el Senado nombra diez vocales de los veinte que forman el CGPJ; cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional; seis de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas; cuatro de los diez consejeros de RTVE; y el Defensor del Pueblo, este último de acuerdo con el Congreso.
Hay una plaza vacante desde 2022
Precisamente está vacante un puesto de magistrado del TC desde julio de 2022, cuando el jurista Alfredo Pelayo renunció por motivos de salud. Desde entonces, el pleno del organismo está compuesto oficialmente por once, en vez de doce, magistrados.
El Senado ha venido atrasando el nombramiento y ha prorrogado varias veces los plazos para que los Parlamentos autonómicos propongan candidatos. La Mesa del Senado, en la que el PP tiene cuatro de los siete puestos, podría reanudar este procedimiento y reclamar a los Parlamentos regionales sus candidatos en un nuevo plazo ya improrrogable de unos pocos días y pasar al pleno la votación incluso antes de las vacaciones parlamentarias de enero.
A la vista de las mayorías en el Senado y las cámaras autonómicas desde las elecciones de mayo y julio, el magistrado elegido sería un jurista respetuoso con la separación de poderes, el ordenamiento jurídico y la Constitución, es decir, opuesto a la amnistía para los golpistas aprobada para comprar los votos para la investidura de Pedro Sánchez. Lo que la izquierda política, mediática y judicial definiría como conservador. De esta manera, los doce magistrados del TC se repartirían entre siete izquierdistas y federalizantes y cinco, en vez de cuatro, conservadores y opuestos al activismo judicial ahora imperante en el organismo.
Mayoría insuficiente
La Constitución determina que el nombramiento se haga por tres quintos de los parlamentarios de cada Cámara de las Cortes. En el Senado, formado por 266 senadores, esa regla exige 160 votos favorables, pero el PP tiene 144. Ni con los tres de VOX y el único de UPN, no se alcanza esa mayoría cualificada.
Pero la puesta en marcha del procedimiento podría servir para mostrar otro episodio más del plan socialista de boicotear todas las instituciones si no puede controlarlas. Si los socialistas votan a favor del candidato propuesto por la mayoría de PP-VOX-UPN, cumplirían con el mandato constitucional, pero si se opusieran demostrarían su sectarismo.
En cualquier caso, el nombramiento de esa vacante o su paralización sería un triunfo para los contrarios al golpe de estado que están cometiendo Sánchez y sus aliados.
