El PSOE y el PP quieren eximir a la banca de tener que reinstalar cajeros automáticos en municipios sin servicio bancario, tal y como mandata una ley aprobada en el Senado, y ofrecen como alternativa llegar a acuerdos con la empresa pública Correos o la puesta en marcha de oficinas móviles.
Así consta en sus enmiendas a la proposición de ley aprobada por el Senado y enviada el pasado mayo al Congreso, donde continúa su tramitación.
Esta iniciativa busca garantizar el servicio de cajero automático en municipios en riesgo de exclusión financiera y contempla una serie de obligaciones para el sector financiero, que debe facilitar las funciones de retirada e ingreso de efectivo, realizar consultas de movimientos y saldos, obtener extractos, realizar transferencias o el pago de recibos y tributos.
Con sus enmiendas el PSOE plantea cambiar el nombre de la iniciativa y dejarla en «Ley de garantía del servicio de retirada de efectivo», y que en municipios de menos de 500 habitantes este derecho pueda garantizarse a través de oficinas de Correos y carteros rurales.
Por su parte, el PP propone que las obligaciones exigidas por la ley se entiendan cumplidas si los servicios recogidos se llevan a cabo a través de acuerdos con Correos, y la prestación de los servicios a través de cajeros automáticos móviles en los pequeños municipios.
