La reciente aprobación del nuevo Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) por parte del Parlamento Europeo con el apoyo de los grupos popular y socialista ha generado una reacción adversa en el sector arrocero español, que considera insuficientes las garantías de protección incluidas en el texto definitivo. La organización agraria Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha expresado su rechazo a una normativa que, a su juicio, incrementa la exposición de los productores nacionales a la competencia exterior en condiciones desiguales.
El reglamento fue aprobado con 459 votos favorables, 127 en contra y 70 abstenciones, y establece un marco de acceso preferencial al mercado comunitario para 65 países durante la próxima década. Su objetivo es fomentar el desarrollo económico en regiones vulnerables mediante la reducción o eliminación de aranceles. No obstante, el sector arrocero europeo, y particularmente el español, advierte de los efectos derivados de la intensificación de importaciones procedentes de países asiáticos.
UPA sostiene que el texto aprobado no incorpora mecanismos eficaces de defensa comercial, pese a las demandas trasladadas por representantes del sector durante el proceso legislativo. En particular, critica el diseño de las cláusulas de salvaguarda, cuyo umbral de activación se sitúa en un incremento del 45% sobre la media de importaciones de la última década, equivalente a aproximadamente 570.000 toneladas anuales.
Según la organización, este límite resulta excesivamente elevado y no permite una respuesta preventiva ante perturbaciones del mercado. Los productores estiman que impactos negativos en precios y rentabilidad ya se producen a partir de volúmenes significativamente inferiores, en torno a las 200.000 toneladas. Esta discrepancia refuerza la percepción de falta de adecuación entre el instrumento aprobado y la realidad productiva.
Asimismo, el sector señala una divergencia con otros acuerdos comerciales de la Unión Europea, donde los mecanismos de salvaguarda se activan con variaciones más reducidas. Esta asimetría es interpretada como una incoherencia en la política comercial comunitaria, con consecuencias desiguales para distintos sectores agrícolas.
Otro elemento de preocupación es la regulación del etiquetado. La normativa vigente no exige en todos los casos la indicación del país de origen del arroz, lo que, según UPA, limita la capacidad de elección informada de los consumidores. La organización reclama una mayor transparencia como instrumento de equilibrio competitivo.
El contexto económico añade presión adicional, con un aumento de los costes de producción vinculado a factores energéticos y geopolíticos. Este escenario, combinado con la presión a la baja sobre los precios, reduce los márgenes de las explotaciones. UPA advierte de un riesgo estructural para la viabilidad del cultivo si no se introducen medidas correctoras.
De cara a la revisión prevista en 2027, el sector anuncia la continuidad de sus gestiones institucionales. Paralelamente, solicita la adopción de medidas nacionales de apoyo, incluyendo ayudas directas y refuerzo de los controles de importación. El debate reabre la tensión entre liberalización comercial y protección de sectores estratégicos en el ámbito europeo.
