El Tribunal Constitucional (TC) celebra este lunes un Pleno sobre los recursos de Vox y el PP contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le impide realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando caducado su mandato. El Pleno se reúne con dos propuestas contradictorias, si bien la que más apoyos tiene entre los magistrados es la defendida por los magistrados progresistas.
El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, convocó este Pleno monográfico —que no es inédito pero sí inusual—, a petición del magistrado sobre el que recae la otra ponencia, César Tolosa, «dada la complejidad del asunto y el interés general». La reforma legal, en cualquier caso, será previsiblemente aprobada gracias a los siete votos afirmativos del sector progresista del Constitucional.
El primer recurso que entró al TC, en abril de 2021, fue el de VOX, en manos de la magistrada progresista María Luisa Balaguer. El texto propone validar la reforma del CGPJ al considerar que el artículo 122 de la Constitución da margen suficiente al legislador para regular el órgano de gobierno de los jueces. En este sentido, el texto afirma que «la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario».
Por otro lado, la segunda ponencia —la relativa al recurso del PP— entiende que, aunque dicho artículo permite al legislador modular el funcionamiento interno del CGPJ, no le otorga tanta libertad como para inhabilitarlo de una de las funciones que le encomienda la Constitución: la de realizar nombramientos.
Las citadas fuentes aclaran que ninguno de los dos textos hace referencia a la contrarreforma exprés aprobada en julio de 2021 para devolver al CGPJ su capacidad de hacer nombramientos discrecionales pero únicamente para designar a sus dos candidatos al TC. Por el contrario, las impugnaciones presentadas por PP y VOX sí coinciden en lo fundamental: negar que la ley pueda modificar lo que establece la Constitución, al depositar en el Consejo del Poder Judicial las competencias para nombrar a los altos cargos del aparato judicial.
Toda esta situación responde a lo que el presidente del Supremo, Francisco Marín, definió en su intervención en el acto de apertura del año judicial como «panorama desolador». Para lo que reclamó un acuerdo entre los partidos del legislativo «con urgencia».
