La ley del «derecho» a la vivienda completa su paso por el Senado y se publicará en el BOE a tiempo para que Unidas Podemos y, en menor medida, el PSOE pueda ondearla en la campaña electoral para las municipales. «Nuevos derechos» es la consigna de estos tiempos… y menos deberes y poca propiedad.
Que se trata de una medida electoral se comprueba en cuanto que el Gobierno de izquierdas, desde su formación en enero de 2020, no ha ordenado la elaboración de un censo nacional de viviendas vacías antes de apresurar la tramitación del proyecto de ley. El último lo elaboró el INE en 2011 y lo difundió en 2013. De los 25,2 millones de viviendas registradas entonces, 3,4 millones de unidades estaban vacías. De estas, sólo la cuarta parte podía arrendarse, ya que las demás se encontraban en estado ruinoso, inhabitable o en un municipio con muy baja demanda.
En la actualidad, asistimos a un fenómeno llamativo. El precio de compra y el de alquiler no paran de subir, incluso en capitales de provincia que están perdiendo habitantes, se trate de las costeras y ricas La Coruña y Bilbao o de las interiores y pobres Palencia y Teruel. Los argentinos confían tan poco en el peso que en cuanto pueden compran dólares y los españoles dudan tanto del porvenir que convierten sus euros en ladrillos.
A las habituales razones de compra, como la mudanza a una nueva o la independencia familiar, se unen otras que muestran los cambios sociales, como el creciente número de divorciados y de inmigrantes y la inversión para alquiler turístico o estudiantil. El encarecimiento del metro cuadrado, el paro estructural en torno a 3,5 millones, la precariedad laboral y la reducción salarial provocan que esté retrocediendo la propiedad de vivienda entre los jóvenes españoles. Los caseros suben los precios de alquiler porque aumenta la demanda y, también, los impuestos, desde el IBI al IRPF, y esa inflación la sufre la parte más débil: los inquilinos que no tienen nóminas públicas ni son ejecutivos expatriados.
En resumen, las Administraciones no saben el número de viviendas vacías existentes ni su estado. Tampoco los motivos que impulsan a los propietarios a alquilar o, por el contrario, a mantener la vivienda desocupada. Queda claro que al consejo de ministros y a su mayoría en las Cortes les importa un comino la realidad, hasta el punto de que han puesto en circulación la consigna de que «el problema de la okupación es inventado, una agenda de la derecha». Las 45 denuncias diarias que presentan los propietarios deben de ser parte de una conspiración.
La respuesta del Gobierno de la gente es la misma que ha aplicado en otros asuntos: buscar un malvado (en vez del patriarcado o el racismo, aquí alguien de carne y hueso, el propietario, convertido en «especulador» y vulnerador de un derecho constitucional), presentar un salvador (ellos, por supuesto) y crear un laberinto burocrático (zonas tensionadas, topes al alquiler, índices, clasificaciones, plazos, registros, bases de datos…) en el que intervienen todas las Administraciones, junto con un nuevo lenguaje (sinhogarismo cronificado, segregación residencial). En consecuencia, se avanzará en la federalización por la vía de los hechos de España, ya que cada comunidad y hasta cada ayuntamiento tendrá regímenes de alquiler diferentes. Y de la movilidad y la selva legislativa sólo se benefician los más ricos o los más avispados.
Ante la ley de vivienda, la reacción de muchas personas de orden es la de cobijarse en el precedente, el argumento de autoridad, o el derecho comparado. «La limitación de alquileres se ha aplicado en París, en Nueva York y en Berlín, y en todas partes ha fracasado», comentan como si pronunciaran un conjuro que deshiciera los efectos de la ley. Frente al escudo social que permite a las Administraciones inmiscuirse en todo lo que hacen, dicen o poseen los supuestos ciudadanos, el «escudo sensato». La voz del supuesto ciudadano contra la apisonadora del Estado, con sus tribunales, sus inspectores de Hacienda y sus multas, y, claro, gana el Estado.
Los impulsores de esta ley saben perfectamente que su norma no va a solucionar ninguno de los problemas del sector de la vivienda con que pretenden justificarla. Ni el precio del alquiler o la compra en los centros de las ciudades; ni los desahucios ni las okupaciones; ni la falta de parques de vivienda pública; ni la inseguridad jurídica. No les importa que dentro de 10 años toda España se haya convertido en la Barcelona de Ada Colau. Incluso, lo prefieren. Porque su objetivo es eliminar la propiedad de la vivienda. Que nadie tenga más que la suya (al menos por ahora), que nadie pueda invertir a su antojo ni disponga de otros ingresos para mejorar su pensión (por eso, la erosión de los fondos de pensiones personales), la cual, dentro de unos años, será minúscula. En definitiva, que los españoles no escapen de la dependencia del Estado.
Ley tras ley, los políticos, sobre todo los de izquierdas, pero también los del PP o PNV en las regiones que controlan, están despojando a los españoles de todo lo que les convierte en personas libres. Y no se trata sólo del dinero gravado por los impuestos ni de la dificultad para comprar alimentos, sino de la patria potestad sobre los hijos y su educación, de sus empresas, de sus mascotas, de sus huertos, de sus automóviles, de su ocio. Detrás de esta diarrea legislativa que añade pesas a nuestra cadena, asoma ese mandamiento que ya cientos de millones de personas conocen: «No tendrás nada y serás feliz«.
El ataque a la pequeña propiedad (nunca a la inabarcable que atraviesa fronteras y da instrucciones a presidentes) se ejecuta porque constituye un elemento básico de la libertad personal.
