El bipartidismo ha gobernado España durante los últimos 40 años condicionado por los intereses sectarios de partidos separatistas. Su herencia ha sido una larga lista de asuntos maltrechos, entre los que destaca el de la vivienda. Un problema que se agrava cada día por una inmigración masiva e ilegal, al que se suma el número de españoles que ya no tienen acceso a una vivienda a pesar de estar trabajando.
Ante esta situación de catástrofe social, el actual Gobierno lanzó su «programa» al respecto, sintetizado en la apología de la okupación hecha por su primer vicepresidente, Pablo Iglesias, respaldada ahora legalmente por una nueva ley que da mayores ventajas —aún— a los okupas frente a los legítimos dueños.
Para que podamos vivir en paz hay que evitar toda injusticia. No es preciso argumentar que el modelo de «robo» de viviendas impulsado por el actual Gobierno bajo el rótulo de «okupación» no puede constituir una respuesta adecuada a este problema, y que la situación de impunidad que disfrutan los que usurpan viviendas debe terminar cuanto antes.
No obstante, la solución tampoco puede limitarse a proteger los derechos de los legítimos dueños de las viviendas. Eso es preciso y urgente hacerlo; vale como primer paso, pero no es suficiente.
Nuestra sociedad debe conseguir respetar los derechos de todos. ¿Cómo? Permitiendo que todos puedan ganar su pan y su techo. Porque «el que trabaja merece su salario». Y un salario justo tiene que dar para cubrir las necesidades básicas, entre las cuales está disponer de una vivienda. Quizá en un primer periodo en alquiler y, más adelante, como propietario. No debemos renunciar a esto, ni contentarnos con menos, pues se trata de un derecho básico de la persona: la vivienda. Y la alternativa es el «no tendrás nada, y serás feliz» que el globalismo más inhumano trata de imponernos a marchas forzadas.
La nueva ley de vivienda ha recibido un rechazo contundente, principalmente, por parte de VOX, tenaz opositor de la okupación desde hace años, que considera que es «una ley sin sentido, que lleva a España a lo ilógico a diferencia de cualquier otro país del mundo«. Sin embargo, si VOX no llega a formar parte del próximo Gobierno no hay seguridad de que se vaya a abolir la siniestra nueva ley, como ya pasó con la del aborto o la de Memoria Histórica, entre otras.
Poniéndonos en el mejor escenario, el de tener un Gobierno que verdaderamente trabaje por el bien de los españoles, el primer paso lógico —después de arrebatar a los okupas sus injustos privilegios— será tratar de reducir el número de personas sin hogar. Entre ellas se encuentran aquellos que entran desde el extranjero y los españoles que ya no pueden acceder a una vivienda en las condiciones actuales de nuestra economía.
En cuanto a la entrada de extranjeros, el Gobierno tiene la obligación de distinguir entre aquellos que no conocen el idioma ni comparten la cultura y valores, de aquellos que sí lo hacen, como quienes proceden de Hispanoamérica. No por motivos racistas ni por discriminación alguna, sino por simple responsabilidad política: es preciso que se dé prioridad a la entrada de aquellas personas que más fácilmente se puedan integrar cultural y laboralmente. De otra manera será muy difícil que puedan convertirse en dueños de una vivienda de forma legítima.
En segundo lugar, será necesario modificar variables como la cantidad de suelo urbanizable y otras, con el fin de abaratar el coste de la vivienda nueva, lo que hará descender también de forma natural el coste de la vivienda de segunda mano y el alquiler.
Y, en tercer lugar, crear unas condiciones económicas y sociales favorables a la contratación. Un descenso sustancial de la presión impositiva y la eliminación del impuesto al trabajo que está destruyendo a los autónomos —entre otras medidas— aumentaría el número real de afiliados a la Seguridad Social y la calidad de contratos de trabajo, produciendo también un alza en los salarios que permitiría aumentar el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro. Porque quien trabaja merece tener su salario y su vivienda.
