Marchena pide que los presos se encuentren en Madrid a disposición del tribunal la última semana de enero y solicita al ministro Marlaska que comience los trámites oportunos para ello.
El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «adopte las decisiones» oportunas para trasladar a los nueve presos del «procés» de forma que se garantice su presencia ante el tribunal la última semana de enero.
En un oficio firmado este jueves, Marchena pide al ministro que realice las gestiones indispensables para asegurar que los nueve líderes secesionistas en prisión provisional estén a disposición de la Sala que juzgará los hechos -y que él también preside- en el momento en que empiece el juicio, que aún no tiene fecha.
La solicitud de Marchena afecta a nueve de los doce acusados en el Supremo por el «procés», que se encuentran en prisiones catalanas, a donde fueron trasladados desde varias cárceles de Madrid el pasado mes de julio.
El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, el exlíder de ANC Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn se encuentran actualmente en la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).
Por su parte, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell está en Mas d’Enric (Tarragona) y la exconsejero Dolors Bassa en Puig de les Basses, en Figueras (Girona).
El juicio arranca en unas semanas
En su escrito, Marchena recuerda que la causa se encuentra en un momento procesal en el que ya se han presentado los escritos de acusación y está a punto de vencer el plazo de presentación de los de las defensas, de forma que el juicio, cuya fecha está próxima a fijarse, será dentro de unas semanas.
El juez menciona el artículo 664 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que, una vez señalada la vista oral, «los procesados que se hallen presos sean inmediatamente conducidos a la cárcel de la población en que haya de continuarse el juicio».
Por su parte, el Reglamento Penitenciario sustituye la inminencia a la que se refiere la Lecrim por una «antelación mínima de treinta días».
El Supremo entiende que ni la celeridad de la Lecrim ni el plazo de un mes pueden ser concebidos como «exigencias temporales en detrimento de la seguridad» necesaria en el traslado de los presos en unas condiciones que respeten su dignidad y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Por ello, Marchena pide que los presos se encuentren en Madrid a disposición del tribunal la última semana de enero y solicita al ministro que comience los trámites oportunos para ello.
Puigdemont medita impugnar a Llarena
Por otro lado, el equipo jurídico del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont estudia impugnar la designación del juez Pablo Llarena para instruir la causa del «procés» en el Tribunal Supremo, según ha declarado su abogado Jaume Alonso-Cuevillas.
Alonso-Cuevillas ha comparecido en el Congreso de los Diputados para exponer su visión sobre la reforma de la ley del indulto, pero, en declaraciones en los pasillos, ha explicado que está ultimando un informe sobre esa designación.
«Tenemos sospechas fundadas de que no se siguió el orden en la designación del magistrado instructor«, ha manifestado el abogado en consonancia con las declaraciones que realizó este miércoles en Rac 1.
El letrado de Puigdemont ha indicado que el informe consta de más de cien páginas y, aunque ha eludido avanzar una conclusión con «rotundidad», ha incidido en sus dudas sobre el método de reparto que se aplicó en el Supremo y ha criticado la ausencia de transparencia.