Marimar, hermana del fallecido Agustín Fadón en el accidente ferroviario de Adamuz, ha decidido no acudir a ningún acto institucional organizado por el Gobierno. Su postura es tajante: rechaza participar en el homenaje oficial previsto en Huelva porque, a su juicio, el propio Ejecutivo es responsable directo de la muerte de su hermano.
La llamada, adelantada por El Español, llegó el domingo por la mañana desde la Delegación del Gobierno en Madrid, donde ella vive. Querían confirmar si asistiría el próximo sábado a una ceremonia con presencia de ministros, autoridades autonómicas y los Reyes. Su respuesta fue inmediata: no piensa compartir espacio con quienes, según sostiene, «han permitido que esto ocurra». Ni ahora ni más adelante.
Agustín trabajaba como camarero en el tren Alvia que colisionó con un convoy de Iryo tras descarrilar por un tramo de vía dañado, según las primeras conclusiones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. En el siniestro murieron 45 personas, 27 de ellas de la provincia de Huelva. Para Marimar, no se trata de una desgracia fortuita: asegura que los empleados llevaban tiempo alertando de problemas en la línea y que ni Adif ni el Ministerio de Transportes actuaron.
«No quiero explicaciones de esa gente. Lo único que quiero es que paguen», repite. Está convencida de que hubo negligencia grave y señala directamente al ministro Óscar Puente como máximo responsable. «Dicen que podrían caerle cuatro años de cárcel. Cuatro por cada persona que ha matado», afirma sin matices.
El enfado no es exclusivo de esta familia. En Huelva, donde muchos de los fallecidos eran vecinos o conocidos, el duelo se ha ido transformando en indignación colectiva. En los velatorios y entierros de los últimos días se repite una idea cada vez más extendida: no fue un accidente inevitable.
Uno de los clanes más golpeados es el de los Zamorano Álvarez, de Punta Umbría, que perdió a cuatro miembros y solo salvó a una niña de seis años. Un familiar resumía el sentir general en declaraciones recientes: “Aquí nadie ha muerto por casualidad, los han matado por no mantener las vías”. También arremetió contra los políticos y contra el Rey por la falta de gestos personales de condolencia.
Las revelaciones del informe preliminar de la CIAF han alimentado aún más la desconfianza. Se habla de una vía rota, de trenes auscultadores fuera de servicio y de deficiencias en los sistemas de inspección. A eso se suman las versiones contradictorias sobre cuándo se localizó al Alvia siniestrado y cuánto se tardó en atender a los heridos, un asunto especialmente sensible tratándose del tren con mayor número de víctimas mortales de los últimos años.
Ante este clima, varias familias han comenzado a organizarse. En redes sociales ya circulan contactos para constituir una asociación de afectados que impulse acciones judiciales conjuntas. La idea es clara: llevar el caso hasta las últimas consecuencias y exigir responsabilidades penales y políticas.
El Gobierno, mientras tanto, ha optado por aplazar el homenaje de Estado que pensaba celebrar este sábado en la capital onubense, una decisión consensuada con la Junta de Andalucía. La suspensión llega después de constatar que muchas familias no pensaban acudir y que incluso se estaba preparando una protesta coincidiendo con el acto.
Algunos parientes habían planteado salir a la calle ese mismo día con pancartas y consignas contra todos los partidos. «Queremos manifestarnos cuando estén aquí todos los cargos, para reclamar justicia», decía uno de ellos. El malestar se agravó cuando se supo que el Ejecutivo pretendía que el homenaje fuera laico, siguiendo el modelo de otros actos recientes.
Ese planteamiento chocó frontalmente con una parte de la población local. «En Huelva no se puede hacer un funeral sin religión, esta es una tierra mariana», protestaba la hermana de uno de los heridos. Finalmente, el acto religioso previsto para el 29 de enero en la catedral, presidido por el obispo Santiago Gómez Sierra, sí cuenta con el respaldo de las familias y se espera una asistencia multitudinaria.
Mientras tanto, Marimar insiste en que no habrá reconciliación ni gestos simbólicos que alivien su postura. «No quiero homenajes, quiero justicia», resume. Y promete seguir luchando para que, caiga quien caiga, alguien responda por lo ocurrido en aquella vía rota de Adamuz.
