El Tribunal de Cuentas alertó a Adif de irregularidades en dos contratos ferroviarios adjudicados a la multinacional francesa Thales por más de 95 millones de euros para renovar los sistemas de señalización y seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Las deficiencias detectadas afectan a la documentación de ambos expedientes, vinculados a las actuaciones desarrolladas en el corredor donde se produjo el accidente ferroviario de Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre.
Según publica VozPópuli, el organismo fiscalizador identificó deficiencias en los poderes de representación de las personas que firmaron determinadas declaraciones exigidas para justificar la gestión de fondos europeos. Así consta en un informe de fiscalización de los procedimientos de control y gestión de Adif y Adif Alta Velocidad, correspondiente a diciembre de 2025.
Las advertencias afectan a dos adjudicaciones concedidas a Thales: una de 77,55 millones de euros para modernizar la señalización de la línea y otra de aproximadamente 17,82 millones destinada a renovar los circuitos de vía. Ambos contratos estaban vinculados a proyectos financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La fiscalización examinó un total de 194 expedientes de contratación relacionados con los fondos comunitarios. Entre ellos, el Tribunal de Cuentas señaló los dos contratos de Thales por no haberse acreditado suficientemente la capacidad legal de quienes firmaron determinados anexos en representación de las empresas adjudicatarias.
Los documentos afectados incluían declaraciones de ausencia de conflicto de interés, identificación de los perceptores de los fondos y compromisos de cumplimiento de las obligaciones asociadas al Plan de Recuperación. El organismo no cuestionó la autenticidad de las firmas ni acreditó la existencia de conflictos de interés, sino la suficiencia de los poderes de representación.
Ante las observaciones, Adif reconoció que los firmantes no figuraban en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) con poderes suficientes para vincular a las sociedades contratistas. El administrador ferroviario aseguró que había solicitado subsanar la documentación, aunque el informe definitivo mantuvo ambos expedientes entre los que presentaban problemas de acreditación.
El principal de los contratos, adjudicado en 2021, contemplaba la modernización de la señalización, la renovación de enclavamientos y la implantación del sistema europeo de protección ferroviaria ERTMS. Thales obtuvo el encargo por 77,55 millones de euros, después de presentar una oferta que suponía una rebaja del 28,45% sobre el presupuesto de licitación.
La propuesta fue considerada inicialmente anormalmente baja por Adif, que solicitó explicaciones a la compañía antes de continuar con el procedimiento. La multinacional justificó el precio por su conocimiento de la infraestructura y el aprovechamiento de desarrollos técnicos existentes. Entre los ajustes figuraba un ahorro de 1,42 millones mediante la modificación del software de tres centrales LZB, en lugar de las diez inicialmente previstas.
La implantación del ERTMS, inicialmente prevista para 2026, se ha retrasado hasta 2027. Mientras tanto, el sistema LZB continúa operativo en el corredor ferroviario.
Además, en enero de 2024 Adif adjudicó por 72,16 millones de euros más IVA el mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico de las líneas Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y el ramal La Sagra-Toledo a una unión temporal de empresas vinculada a Thales. El negocio ferroviario de esta multinacional pasó a manos de Hitachi Rail en mayo de ese año.
La víspera del accidente de Urda, el Consejo de Ministros autorizó una modificación de ese contrato por otros 11,5 millones de euros. El acuerdo incluye el mantenimiento del sistema LZB y de las instalaciones atendidas desde el centro de mantenimiento de Urda.
