El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha podido evitar sentarse en el banquillo. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha concluido la fase de instrucción y ha resuelto dar el paso hacia un procedimiento abreviado, al considerar que existen indicios suficientes para investigarle formalmente por un presunto delito de revelación de secretos. La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, figura también como coimputada en el caso.
El origen del proceso se remonta a la filtración a un medio de comunicación del contenido de un correo electrónico confidencial, enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— al fiscal responsable de su causa. Este mensaje, de carácter privado, incluía una propuesta de conformidad penal con reconocimiento de culpabilidad por dos delitos contra la Hacienda Pública y el compromiso de abonar la deuda tributaria e intereses.
Según el juez instructor, esta información, que debía haber permanecido protegida por la confidencialidad entre abogado y fiscal, fue reenviada por Pilar Rodríguez al correo personal —no institucional— de García Ortiz, quien posteriormente, de acuerdo con el auto judicial, la facilitó a la emisora Cadena SER. La información fue divulgada esa misma noche, primero en un avance radiofónico a las 23.25 horas y luego en la web del medio poco antes de la medianoche.
El instructor del Supremo considera que este intercambio de datos vulneró gravemente la reserva que debe presidir las comunicaciones procesales, especialmente tratándose de datos sensibles vinculados a un ciudadano inmerso en una causa penal. A nivel indiciario, Hurtado sostiene que existió una intención deliberada de influir en el relato mediático para contrarrestar informaciones previas difundidas por El Mundo, que apuntaban a que la iniciativa para alcanzar un pacto penal había partido de la propia Fiscalía.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, tras la publicación de esa noticia a las 21.29 horas del 13 de marzo, García Ortiz inició una cadena de comunicaciones, principalmente por mensajería instantánea, con varios miembros del Ministerio Fiscal. El objetivo, según el auto, era elaborar una respuesta oficial que desvinculara a la Fiscalía de cualquier intento de negociar con el entorno de González Amador.
La dinámica de ese momento incluyó, según el relato del juez, llamadas telefónicas del fiscal general a la fiscal provincial de Madrid, quien a su vez contactó con el fiscal del caso, Julián Salto, para que le remitiera de inmediato los correos electrónicos mantenidos con el abogado defensor. Esta petición se enmarcó en la necesidad de preparar una nota informativa para desmentir públicamente la información aparecida en prensa.
La Fiscalía y las acusaciones particulares disponen ahora de un plazo de diez días para decidir si formulan acusación formal, piden el archivo del caso o solicitan nuevas diligencias antes de abrir juicio. La situación procesal del máximo responsable del Ministerio Público se convierte así en un nuevo foco de tensión institucional, especialmente delicado por su posición en el organigrama judicial.
