El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la Generalitat a pagar una deuda de 81 millones de euros a Renfe por los servicios prestados en Rodalies por el operador entre 2016 y 2019. Así lo ha dictado una sentencia publicada este miércoles.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha dado la razón a Renfe, que en 2021 presentó un recurso contra la Consejería de Territorio y Sostenibilidad por su negativa a abonar créditos pendientes, y condena al Gobierno de Cataluña a pagar 80.926.248 euros más los intereses de demora.
La cifra fijada por el tribunal incluye incrementos por cánones ferroviarios y corresponde a la reclamación que hizo Renfe por el Plan de Acción 2016- 2019, pero la Generalitat se opuso alegando que es la Administración General del Estado la que tiene que pagar la cantidad. El tribunal, por el contrario, afirma que es la Generalitat la competente en ese Plan de Acción y que los servicios de Renfe se prestaron sin oposición por parte del Ejecutivo catalán.
«El compromiso de pago no solo se halla reconocido sino que además frente a él no cabe alegar un conflicto con la Administración General del Estado en relación a las transferencias de recursos, conflicto al que es ajena la Sociedad mercantil Renfe Viajeros SA, actora en este proceso», indica el tribunal.
Respecto a la deuda, la sentencia añade que «hay un reconocimiento tácito cuando la prestación del servicio, acomodado al plan de Acción se presta por Renfe-Viajeros sin oposición alguna por parte de la Administración gestora del servicio en los términos señalados». La sala, por tanto, condena a la Consejería a pagar las costas por un máximo de 3.000 euros y la sentencia es recurrible en casación.
