Miles de madrileños que pagaron la tasa de basuras anulada por la Justicia no recuperarán su dinero. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha descartado la devolución general de lo cobrado, incluso aunque el tributo no se ajustase a derecho, lo que deja sin margen a quienes no recurrieron en su momento.
El pronunciamiento llega a raíz de uno de los recursos presentados contra esta tasa, en el que se planteó expresamente si la nulidad implicaba devolver todas las cantidades cobradas. En su fallo, el tribunal responde de forma clara: «no entendemos procedente» una devolución generalizada.
La decisión despeja una incógnita que había quedado abierta en anteriores sentencias, donde el TSJM no había abordado esta cuestión. Ahora, fija criterio y cierra la puerta a una reclamación masiva por parte de los contribuyentes.
El impacto es directo: sólo quienes recurrieron la liquidación en un plazo máximo de 30 días podrán aspirar a recuperar su dinero. El resto, pese a haber abonado una tasa anulada por los tribunales, no tendrá derecho a devolución.
Desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), promotora del recurso, asumen el alcance de la resolución. Su portavoz, Juan Manuel Herrero de Egaña, advierte de que «con esta sentencia pensamos que el dinero no se va a poder recuperar». Aunque no descartan recurrir, reconocen que las posibilidades de éxito son muy limitadas.
El marco legal refuerza esta situación. La Ley de Haciendas Locales permite revisar actos firmes, pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo deja en manos del juez que declara la nulidad decidir si procede la devolución. En este caso, el TSJM ha optado por no aplicarla, lo que reduce aún más las opciones de que el Alto Tribunal corrija el criterio.
El efecto práctico beneficia a las arcas públicas. El Ayuntamiento de Madrid, que aún estudia la sentencia, evita así el riesgo de una devolución masiva que tendría un fuerte impacto económico. Limitar las devoluciones a quienes recurrieron reduce considerablemente el coste.
Este sistema, sin embargo, introduce un incentivo claro: recurrir siempre. Herrero de Egaña lo resume con crudeza: «Es una desgracia que tengamos este sistema». A su juicio, este tipo de resoluciones empujará a los ciudadanos a presentar recursos de forma preventiva ante cualquier nuevo impuesto o tasa.
Los datos reflejan esa realidad. Sólo unas 130.000 personas recurrieron la tasa en tiempo y forma, una cifra muy inferior al número total de propietarios afectados en Madrid.
El problema puede repetirse. La tasa prevista para 2026 ya genera dudas entre fiscalistas, que cuestionan su cálculo, basado en un 80% en el valor catastral. Consideran que se trata, en la práctica, de una recarga del IBI que se aleja del principio de «quien contamina paga».
Ante este escenario, los expertos prevén un aumento de reclamaciones masivas y la proliferación de herramientas para recurrir de forma automatizada. Es, hoy por hoy, la única vía para evitar perder el dinero en caso de que un tributo vuelva a ser anulado por la Justicia.
