«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
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La explotación más cercana se encuentra a 35 kilómetros

En Doñana no hay fresas ni nunca las habrá

Frsas de Huelva. CR Palos

El relato era muy fácil para la izquierda. Doñana se seca porque los freseros de Huelva, cuyas tierras quieren ahora legalizar PP y VOX, esquilman sus aguas subterráneas. La «codicia» de estos agricultores —se les llegó a llamar «ladrones del agua»— ponía en peligro una de las mayores reservas de la biosfera. Nada más lejos de la realidad. En Doñana no se cultivan fresas, ni ahora, ni nunca. La explotación más cercana se encuentra en Almonte, a 35 kilómetros del preparque nacional. Pero la bola de la propaganda había comenzado a rodar por la peligrosa pendiente de la desinformación. Se acercaban las elecciones municipales y nada importaba que todo estuviera cogido con alfileres de madera. Como por ejemplo, nadie ponía de manifiesto el hecho de que el 90% de los frutos rojos de la provincia (fresas, arándanos, moras y frambuesas), se siembran fuera de la Corona Norte del Condado de Huelva. Por no hablar de la sequía que asuela Andalucía desde hace diez años y que mantiene sus mayores reservas en torno al 25 por ciento.

El objetivo era bien claro, desprestigiar la nueva ley de regadíos que con toda probabilidad verá la luz antes de que concluya el período legislativo el próximo mes de julio. ¿Por qué estos pequeños y medianos empresarios quieren que se legalicen sus cultivos? Todo se remonta, por muy extraño que pueda parecer, a una orto fotografía aérea de 2014 donde se intentaba regularizar los cultivos de frutos rojos, que curiosamente habían recibido fondos de la Unión Europea y el apoyo de la Junta de Andalucía en manos entonces de los socialistas. El objetivo era legalizar terrenos comunales y particulares que antes eran plantaciones de eucaliptos para pasta de papel que necesitaba la fábrica de celulosa de Huelva y que en esa fecha se dedicaban a los berries o frutos rojos, mucho más rentables por su valor añadido. Pero cuando se hizo la fotografía una parte de estos terrenos se encontraban en barbecho porque el periodo de siembra que empieza a finales de enero y acaba en junio, donde se desmontan todos los invernaderos. La Consejería de Agricultura de la Junta recibió más de 400 alegaciones a la decisión de no reconocimiento pero ninguna prosperó. Desde entonces, esos pequeños propietarios (la media de sus terrenos está en las 2,5 hectáreas) reciben sistemáticamente multas de Hacienda a través de denuncias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, por usar pozos ilegales. La misma que ha renunciado a ser escuchada como compareciente en el Parlamento andaluz para que dé su opinión sobre la nueva ley que saldrá adelante.Tampoco lo hará la ministra de medio ambiente,Teresa Ribera.

¿La nueva ley pretende legalizar estas aguas subterráneas? No. Lo que quiere es que una vez sean reconocidas esas tierras se les dote de aguas superficiales para que puedan seguir desarrollando sus tareas. De hecho, se tramitará en el Hospital de las Cinco Llagas a través de la comisión de Fomento, no de Agricultura. ¿Pero hay agua suficiente en Huelva para los agricultores? Sí, de sobra. Lo que ocurre es que no está en el sitio adecuado y no llega por falta de infraestructuras hidráulicas. Rafael Segovia, diputado autonómico de VOX por la provincia de Huelva y uno de los especialistas en la materia habla claro: «Los freseros de la Corona Norte necesitan para sus cultivos cuatro hectómetros cúbicos de agua al año. Se tiran al mar 22. Si se hicieran las infraestructuras hidráulicas pendientes aprobadas por vía de urgencia por el Gobierno socialista de Sánchez en 2018 estaría todo resuelto». Se refiere al trasvase del excedente de las cuencas del Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir, el desdoble del túnel de San Silvestre o la reanudación de las obras de la presa de Alcolea, parada por los ecologistas.

Interfresa es la patronal de Huelva que agrupa al mayor número de productores. De ahí han partido proyectos tan interesantes como garantizar las buenas prácticas sociales con las trabajadoras marroquíes que contratadas en origen, laboran en la recolección que se hace a mano y es tan delicada. Hasta la izquierda radical ha alabado el sistema PRELSI (Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social de Interfresa), que vela cada año por las cerca de 12.000 inmigrantes legales, desde que cruzan el estrecho hasta que vuelven a su país. Asimismo, Interfresa ha remarcado su preocupación por el medio ambiente con «sistemas de riego eficiente donde se ha convertido el cultivo convencional a producción integrada, donde el 77% por ciento sólo recibe agua a demanda una vez medida la humedad». Además, se está impulsando la hidroponía, es decir, cultivos aéreos que necesitan menos tierra y se controlan mejor los nitratos. El ahorro de agua en este sistema llega hasta un 44% menos.

Para tener una idea del alcance del sector, el cultivo de la fresa y los frutos rojos representa un 11,35% del PIB de la provincia de Huelva y da trabajo de manera directa a 100.000 personas y asciende a 160.000 con empleos indirectos, según la patronal. Las cifras de exportación están en torno a los 1.200 millones de euros al año.

La gota que colmó el vaso

Este año la campaña de los frutos rojos no era muy halagüeña. El calor atípico de la primavera adelantó la maduración. La falta de lluvias hizo el resto. Pero no es esto lo que más ha dolido al sector, sino la campaña contra el producto que se ha hecho en Alemania por la ONG Campact, afín a los socialdemócratas germanos y con la que el ministro en funciones de Consumo, Alberto Garzón, y el líder de la ultraizquierda Juan Carlos Monedero están vinculados. En ella se recogían firmas para que los grandes supermercados no comercializaran fresas de Huelva.

Los freseros ya están de sobra acostumbrados a difamaciones. Como las acusaciones sobre violaciones a las trabajadoras marroquíes o la polémica orden de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, donde en una circular instaba a sus inspectores a buscar alambradas de espinos en las explotaciones agrícolas. Nada de esto se ha podido demostrar.

Lo que menos se podían imaginar estos pequeños y medianos empresarios era que fuera el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que apoyara este rechazo al consumo: «El negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales. Salvemos Doñana». El tuit incluía el enlace a una noticia de un medio español que daba cuenta de la campaña. El Ejecutivo socialista añadía más leña al fuego y justificaba su ataque a la fresa por «la iniciativa sobre regadíos promovida por el Gobierno andaluz», que es la que «ha puesto en riesgo a los freseros». La ministra de Medio Ambiente, Teresa Ribera, le seguía el juego en la misma línea.

Esta semana, para más inri, parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección al Consumidor del Bundestag alemán tenían intención de visitar el Parque Natural de Doñana, en una misión cuyo enfoque se había definido en torno a la «escasez de agua» y la protección del consumidor. Asimismo, tenían previsto reunirse con representantes de la Junta de Andalucía para intercambiar puntos de vista. De hecho, desde el Ejecutivo andaluz decidieron que fuera el viceconsejero de Sostenibilidad, Sergio Arjona, quien los recibiera en Sevilla; y a Doñana los acompañarían el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, y el director del Parque, Juan Pedro Castellanos.

Ante el revuelo montado, que el líder de VOX, Santiago Abascal, calificó como una clara «injerencia», los parlamentarios alemanes dieron marcha atrás y renunciaron a cruzar Despeñaperros. El argumento fue el contexto de las elecciones generales previstas en España para el próximo 23 de julio, aunque confiaban en poder hacerlo en el futuro. Fuentes ministeriales indicaron que la cancelación de la visita a Andalucía «de forma temporal» se produjo únicamente por iniciativa alemana.

En este guirigay donde la fresa y Doñana entraban en plena precampaña electoral, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado martes una declaración institucional en la que manifestaba su apoyo al sector agrícola de los frutos rojos de la provincia de Huelva. VOX fue más allá y presentará una proposición no de ley en el próximo pleno del Parlamento para pedir la reprobación tanto de Sánchez como de Ribera. Así lo manifestó su portavoz en la Cámara, Manuel Gavira: «No podemos admitir que el presidente del Gobierno no esté para defendernos, sino que ataca al sector primario en Andalucía. Todo esto forma parte de las políticas globalistas de la Agenda 2030», añadió.

En el Ayuntamiento onubense de Lucena del Puerto, uno de los municipios donde más cultivos de fresa hay en la Corona Norte, junto a Moguer, Almonte, Rociana del Condado y Bonares, se va a presentar una moción para demandar que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, sea declarada persona non grata.

Otra vicepresidenta del Gobierno, esta vez la segunda y ministra de Empleo y Economía Social, Yolanda Díaz, acusó el miércoles 7 de junio al PP de «profundizar el crimen ecológico» en Doñana y «vulnerar la legalidad», por lo que ha apelado al diálogo con los sectores afectados, «asociaciones ecologistas, la ciencia y los agricultores», para «encontrar una solución a este grave problema».

Cabe recordar que tras la elecciones municipales del pasado 28 de mayo el PSOE ha perdido la Diputación Provincial de Huelva tras 40 años de mandato (ha gobernado ininterrumpidamente desde 1983). De este modo, el Partido Popular contará con 15 de los 27 diputados, por lo que ostentará la mayoría absoluta, el PSOE tendrá once y Vox uno, mientras Con Andalucía (confluencia de Podemos e IU) y Ciudadanos pierden su representación.

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