Más de 25.000 inmigrantes ilegales han llegado a España en lo que llevamos de año 2024, un máximo histórico registrado tras el aliento del Gobierno de Pedro Sánchez del efecto llamada. España es hoy el principal objetivo de los traficantes en todo el continente africano.
Al mismo tiempo se ha conocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez intensificó el año pasado el número de extranjeros nacionalizados (un total de 240.208, un 32,3% más que en 2022 y siendo la mayoría marroquíes).
Según Eurostat, España es el segundo país de Europa con mayor proporción de extranjeros no nacidos en el país. En España en 2023 eran 8.204.000 (un 17,1%). Por detrás están Italia (6,417.000, 10,9%) y Francia (8.942.000, 13,1%); y por delante sólo Alemania (16.476.000, 19,5%).
Los números —y declaraciones como la de la ministra Elma Saiz, que abogó por la llegada de 200.000 o 250.000 inmigrantes para «mantener» el Estado del Bienestar— ratifican el proyecto de sustitución demográfica, la idea de que la población nativa europea se está sustituyendo por contingentes de inmigrantes procedentes de culturas distintas.
Además, PSOE y Partido Popular han apoyado en el Congreso la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales. Esta semana, se debatió en el Congreso la enmienda a la totalidad de VOX contra esa Iniciativa Legislativa Popular (ILP). «No son cuatro refugiados que huyen de una guerra, es un fenómeno que va a transformar nuestro país», manifestó la diputada Rocío de Meer, que reiteró la relación entre inmigración ilegal y criminalidad, y aseveró que las ONG están «en connivencia» con las mafias de tráfico de personas.
La formación insiste en denunciar el aumento de delitos en España cometidos por inmigrantes ilegales y personas cuya nacionalidad es ocultada por los medios de comunicación y los organismos oficiales.
