El 31 de enero sobre las 11 de la mañana, el sistema eléctrico español estuvo a punto de colapsar tras una entrada masiva y repentina de energía solar que desestabilizó la red en cuestión de segundos. Sólo una intervención urgente por parte del operador evitó que se produjera un apagón de gran magnitud, un desenlace que, sin embargo, sí acabaría ocurriendo meses después.
Según las comunicaciones internas entre técnicos del operador del sistema, Red Eléctrica, y varias compañías energéticas, la situación alcanzó niveles críticos. En apenas un minuto, se incorporaron alrededor de 1.600 megavatios de generación fotovoltaica, un volumen imposible de absorber en ese instante, lo que generó un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda.
La reacción fue inmediata. Desde el centro de control se lanzó una orden urgente a una de las grandes eléctricas, Iberdrola, para que redujera de forma drástica la producción eólica disponible. La petición fue tajante: desconectar toda la capacidad posible sin demora. La maniobra se ejecutó de forma brusca, algo poco habitual, pero necesario para contener la inestabilidad que amenazaba con propagarse.
El riesgo no era menor. La sobrecarga provocada por esa avalancha de energía solar puso en peligro la interconexión con Francia, un enlace clave dentro del sistema eléctrico europeo. De haberse activado los mecanismos automáticos de protección, España habría quedado aislada del resto de la red continental, con consecuencias imprevisibles.
Minutos después, ya con la situación parcialmente controlada, los técnicos reconocían la gravedad de lo ocurrido. Admitían que la intervención había sido desesperada y que la red había estado al borde de un fallo sistémico. La rapidez con la que se produjo la entrada de generación renovable fue el principal detonante de un episodio que muchos calificaron internamente como extremo.
Ese mismo día, otra gran compañía del sector, Endesa, también alertó de anomalías preocupantes. Desde sus sistemas de monitorización detectaron que una central nuclear en Tarragona estuvo cerca de sufrir una desconexión, lo que habría agravado aún más la situación. En ese escenario, la caída de generación convencional habría podido precipitar un apagón generalizado.
Pese a la magnitud del incidente, el asunto no derivó en una respuesta inmediata coordinada. Desde el sector privado se solicitó una reunión para analizar lo sucedido y prevenir nuevos episodios similares. Sin embargo, según fuentes del ámbito energético, la propuesta no fue considerada prioritaria por el operador del sistema.
Este episodio pone en cuestión la idea de que el gran apagón registrado meses después fuera un hecho aislado. Las tensiones en la red ya venían manifestándose con anterioridad, especialmente por la dificultad de gestionar entradas y salidas bruscas de generación renovable, cuya expansión acelerada está suponiendo un reto técnico de primer nivel.
Así, lo ocurrido aquel día de enero aparece ahora como una advertencia temprana de los riesgos que acechan al sistema eléctrico en un contexto de transformación energética. Una señal que, a la vista de los acontecimientos posteriores, no habría sido atendida con la urgencia necesaria.
