Finales de noviembre de 2004. La constructora Sacyr anuncia su deseo de hacerse con el 3,1% del capital del BBVA. Saltan las alarmas en la entidad, entonces segunda institución financiera de España presidida por Francisco González.
Hay trabas para la operación por parte del Banco de España – dirigido entonces por Jaime Caruana, la entidad consideró que la participación no era significativa, por lo que la constructora abrió contactos para intentar superar el 5% del capital del banco- pero la verdadera resistencia se pone en marcha desde el propio BBVA. Y lo hace, ni más ni menos, que a través del comisario José Manuel Villarejo, quien, a través de una agencia de detectives privados, debía encargarse de “sacar los trapos sucios de empresarios y políticos que querían sacar a Francisco González de la presidencia”.
Así lo señalan las informaciones hechas públicas este miércoles por los digitales Moncloa.com y ElConfidencial.com que, en un trabajo de investigación conjunto, destapan las técnicas “más propias de lucha antiterrorista que de acción empresarial” con que trató de frenarse la acción de Sacyr.
“El 1 de diciembre de 2004, apenas tres días después de que Sacyr anunciara su intento de control, el BBVA solicitó “formalmente” a Villarejo una “colaboración profesional” a través del Gabinete de Investigación y Análisis (GIA), el pomposo nombre con el que bautizó al equipo de trabajo puesto a sueldo del BBVA”, explica Moncloa.com, que añade que la entidad bancaria da casi carta blanca a Villarejo: “Obliga a este GIA, tanto a decidir el alcance y planificación del proyecto, como la evaluación y procedimiento del mismo“, revela un documento hecho público este miércoles.
Es el Proyecto TRAMPA, que tenía como objetivo “encontrar aspectos negativos” de las personas que podían poner en peligro la presidencia de González. Un ‘grupo hostil’ conformado por, entre otros, el presidente de la constructora, Luis del Rivero; el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa a las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián; o el vicepresidente de la empresa de infraestructuras y que también ocupaba un puesto de consejero en el BSCH -hoy Banco Santander-, Juan Abelló.
El antiguo jefe de seguridad de BBVA ha confirmado, en declaraciones a El Independiente, que su departamento contrató empresas controladas por José Manuel Villarejo para investigar a Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica de Moncloa entre 2004 y 2006 y ministro de Industria, Turismo y Comercio entre 2008 y 2011.
También integraban el grupo hostil Vicente Benedito (un antiguo directivo del banco que se había pasado a Sacyr), José Domingo Ampuero (actual presidente de Viscofan) o el abogado Matías Cortés -vinculado al Santander- del grupo de personas ‘hostiles’ al que se refiere Villarejo, según explica Moncloa.com. Y hay más nombres, más nombres que no tardarán en salir a la luz como víctimas del espionaje del hoy preso Villarejo que entonces dejó escrito que su misión -la de su ‘proyecto Trampa’- era “conocer las actividades de GH [grupo hostil] y de manera fundamental influir en sus decisiones para boicotear sus proyectos”.
Fue difícil porque, según explica el digital, “las terminales informativas tocadas” no estaban por la labor de ofrecer información. Así que se apostó por una ‘respuesta clandestina’ para que el rastro dejado fuera prácticamente inexistente“.
¿A cambio de qué?
Un trabajo, el de Villarejo, por el que el excomisario pidió 750.000 euros, según la información hecha pública por Moncloa.com, pero por el que el BBVA no ha confirmado una cifra final.
“A falta de que el BBVA clarifique todos sus pagos a Villarejo, el comisario dejó constancia por escrito de que aceptaba cualquier fórmula, por ilegal que fuese, para cobrar y cubrir de opacidad sus honorarios. El BBVA, lejos de prescindir de sus servicios, continuó usándolos para recibir munición para la guerra sucia que mantenía contra el que denominaba “grupo hostil” a Francisco González”, explica el diario, que añade que si bien “la primera cifra que planteó Villarejo fue de 750.000 euros”, poco después redactó un nuevo borrador de acuerdo rebajando hasta los 510.000 euros el pago por parte del BBVA. “Un mes después, el 3 de enero de 2005, disminuyó su caché a 360.000 euros y admitía que le pagaran mensualmente, a razón de 30.000 euros”.
