Tanto Navarra como Baleares o Valencia están en manos de coaliciones que se han lanzado a un proceso de ingeniería lingüística similar al que emprendieron hace décadas el País Vasco y Cataluña. En algunos casos la Justicia está frenando las embestidas. En otras, las imposiciones lingüísticas siguen su curso.
El gobierno de la coalición nacionalista vasca que gobierna Navarra y que lidera Uxue Barkos ha aprobado recientemente el Decreto Foral 103/2017 por el que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas de la comunidad, sus organismos públicos y entidades de derecho público dependientes.
El polémico decreto está siendo muy discutido en diferentes ámbitos administrativos, en la Sanidad muy particularmente. Tanto es así que el Sindicato Médico de la Comunidad Foral de Navarra (SMN), el principal de la comunidad autónoma, ha anunciado que lo recurrirá. Lo hará “en base a las alegaciones que ya presentó esta central médica ante la administración en febrero y noviembre de este año”.
La organización profesional destaca algunos puntos de la nueva ley como especialmente “dañinos” para el colectivo médico, tales como el requisito del uso del euskera en las vacantes o la previsión de que la administración actúe “de manera arbitraria” en las convocatorias de empleo público que se realicen, “generando una gran inseguridad jurídica”.
Noticias que se entienden mejor juntas
Sra. Barkos, el nacionalismo, el euskera o sus obsesiones identitarias no curan enfermos pic.twitter.com/XhxhM5E8TG— NavarraEsTabarnia🇪🇸 (@NavarraForal) 4 de enero de 2018
El sindicato denuncia que “se valore más el conocimiento del euskera que la propia especialidad de medicina”, ya que la especialidad puntúa con seis puntos y el euskera, con 8,97. Casi igual que especialidad médica con tesis doctoral, que puntúa nueve puntos (seis de la especialidad y tres de la tesis). “Todo ello va en contra de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, que son los pilares básicos para garantizar la mejor calidad de atención médica a toda la población navarra”, denuncia SMN.
Señalización, rótulos, escuelas infantiles de Pamplona…
Sin embargo, la euskaldunización de la comunidad foral es anterior al controvertido decreto. Concretamente, desde la llegada de Barkos al gobierno.
Navarra ha gastado entre 2015 y 2017 un total de 429.000 euros en incluir el euskera en la señalización de carreteras y en el resto de rótulos de sus distintos departamentos. Así lo detalla ante la pregunta que vía parlamentaria ha planteado al Ejecutivo la portavoz y dirigente del PP navarro, Ana Beltrán. El mayor coste se ha producido precisamente en las carreteras, con un gasto en los últimos tres años que asciende a 339.000 euros.
El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón (EH Bildu), cambió el año 2016 el modelo lingüístico en las escuelas infantiles de Donibane y Fuerte del Príncipe (ahora Printzearen Harresi) para imponer el euskera como lengua de enseñanza.
La decisión, tomada al margen de las familias, tuvo una fuerte contestación y fue recurrida por cerca de un centenar de familias de niños afectados por la medida y que tuvieron que llevar a sus hijos a otros centros educativos para que pudieran estudiar en castellano. La Justicia ha dado la razón a los padres afectados por el cambio de modelo lingüístico, pero ni el gobierno local, ni el autonómico se dan por vencidos.
Baleares sigue el camino catalán
A pesar de que todos los sindicatos médicos y enfermeros balares están en contra de exigir el conocimiento de la lengua catalana para poder ejercer, PSIB-PSOE, Més y Podemos han hecho caso omiso al rechazo y han seguido adelante con un decreto lingüístico del que ya hay víctimas laborales. Se trata de Ileana Antón, interina del Hospital de Can Misses, la única neuropediatra que hay en la isla, que perderá su puesto de trabajo por no saber catalán: “¿Tú crees que a los padres que tienen un hijo que sufre epilepsia, parálisis cerebral o una enfermedad degenerativa les importa si yo hablo catalán o no? La respuesta claramente es ‘no’”, dijo la doctora en declaraciones al Periódico de Ibiza.
Otros médicos del Hospital Can Misses también denuncian la obligación de hablar en catalán. El decreto del Govern Baalear les obliga a tener el título de B2 de catalán para poder optar a una plaza. Psiquiatras, enfermeros… hasta un 40% de la plantilla podría verse en la calle. “Prefieren a un carnicero que hable catalán que a un neurocirujano que hable español”, han asegurado. Nuestra compañera Patrizia Tenorio, que ha estado en Ibiza, nos cuenta cómo viven la situación algunos trabajadores de este hospital. No se pierda el reportaje completo:
El caso valenciano, en los tribunales
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declaraba la nulidad parcial del Decreto 9/2017 de la Generalitat Valenciana sobre «plurilingüismo» por considerar que discrimina a los alumnos que eligen la enseñanza en castellano.
Según consideraron los magistrados, el polémico decreto aprobado por el PSOE y Compromís, “discrimina a los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehicular ya que éstos últimos reciben más horas de docencia en inglés”.
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