La «regularización» extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Sánchez podría tener un impacto superior al inicialmente previsto, según las estimaciones de expertos en Extranjería consultados por ABC, que advierten de un posible incremento de la población inmigrante en España durante los próximos cinco años como consecuencia del denominado «arraigo social».
De acuerdo con la información publicada por ese diario, una parte de los inmigrantes que obtengan la «regularización» de su situación administrativa podría, posteriormente, promover la llegada de familiares mediante las vías previstas en la legislación vigente. Según esas mismas fuentes policiales, ese fenómeno podría traducirse en un aumento de varios millones de personas en el próximo lustro.
El proceso de «regularización« promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez afronta ahora la fase de revisión de las solicitudes presentadas. Siempre según ABC, antes del inicio del procedimiento la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ya había trasladado internamente su preocupación por el volumen de expedientes que podrían registrarse y por el impacto que ello tendría sobre la capacidad administrativa de los servicios encargados de su tramitación.
Las fuentes citadas señalan que las previsiones policiales apuntaban a alrededor de 1,3 millones de solicitudes, una cifra que, según su versión, se aproxima al número finalmente registrado. Asimismo, atribuyen parte de ese volumen a desplazamientos de ciudadanos extranjeros desde otros países del espacio Schengen interesados en acogerse al procedimiento, extremo sobre el que continúan realizándose comprobaciones documentales.
En este contexto, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) desempeña un papel relevante en la detección de posibles fraudes. Los investigadores mantienen abiertas líneas de trabajo para verificar la autenticidad de la documentación presentada y detectar la posible actuación de organizaciones dedicadas a la falsificación documental.
Una vez resueltos los expedientes favorables, los beneficiarios obtendrán la correspondiente autorización administrativa. Es en esa fase cuando podría producirse un incremento de solicitudes vinculadas al arraigo social, una figura regulada por la normativa española que exige acreditar, entre otros requisitos, permanencia en España, ausencia de antecedentes penales, medios económicos y vínculos familiares o integración social.
Las mismas fuentes sostienen que algunas organizaciones criminales podrían intentar aprovechar ese escenario mediante la creación de falsos vínculos familiares para facilitar nuevas llegadas. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras remitió con anterioridad un informe interno en el que expresaba reservas sobre la iniciativa. Entre las cuestiones planteadas figuraban el posible «efecto llamada», la presión sobre los servicios públicos, el impacto en la gestión administrativa y las consecuencias para el mercado laboral, aspectos que forman parte de las advertencias trasladadas por responsables policiales.
