VOX ha planteado que el Ayuntamiento de Zaragoza prohíba el acceso al transporte urbano y a determinados espacios municipales a quienes oculten su rostro con prendas como el burka, el pasamontañas o el casco. La formación enmarca esta medida en razones de seguridad, al considerar que este tipo de vestimenta impide o dificulta la identificación visual de las personas.
La propuesta forma parte de los 18 votos particulares registrados por el grupo municipal de VOX durante el periodo de alegaciones a la futura ordenanza cívica de Zaragoza. El texto está siendo impulsado por el Gobierno local después de que en mayo de 2025 saliera adelante por unanimidad una moción para elaborar una nueva regulación de convivencia.
La concejal Eva Torres ha defendido que la capital aragonesa necesita recuperar un marco normativo actualizado, después de que la anterior ordenanza fuera anulada en 2014. Según ha recordado, el último barómetro municipal refleja que el 91,5% de los vecinos considera necesaria una norma de estas características.
Entre las enmiendas presentadas, VOX también propone vetar el uso del burkini en las piscinas municipales. Torres ha sostenido que se trata de una cuestión de «salubridad y seguridad», ya que esta prenda puede generar problemas higiénicos y dificultar la actuación de los socorristas en caso de rescate.
El paquete de alegaciones se estructura en varios bloques, con especial atención a la seguridad ciudadana, la protección del espacio público, la defensa del comercio legal y la mejora de la convivencia vecinal. La edil ha explicado en rueda de prensa que las iniciativas buscan hacer la futura ordenanza más eficaz y adaptada a los problemas que, según VOX, trasladan los barrios.
En materia de seguridad, la formación reclama además que el Ayuntamiento comunique a la Policía Nacional la identidad de las personas en situación administrativa ilegal que sean sancionadas por infringir la ordenanza cívica. El objetivo, según el planteamiento del grupo municipal, sería que pudiera estudiarse la apertura de un expediente de expulsión cuando proceda.
VOX también quiere incorporar sanciones específicas contra la manipulación, deterioro o inutilización de cámaras de videovigilancia, así como contra las llamadas falsas a los servicios de emergencia. A su juicio, estas conductas deben tener una respuesta más contundente dentro de la normativa municipal.
Otro de los apartados de las propuestas se centra en reforzar la actuación contra el botellón, los ruidos, los actos vandálicos, la ocupación ilegal de espacios públicos y otras conductas que alteren el descanso o la convivencia. En esa línea, el grupo plantea que los eventos organizados o autorizados por el Ayuntamiento cuenten con informes de impacto acústico.
Las alegaciones también contemplan endurecer las sanciones por pintadas y daños en edificios catalogados. Además, VOX pide que las vallas instaladas por obras, actividades o eventos se retiren en un plazo máximo de 72 horas una vez finalizada la intervención que las motivó.
