Las principales asociaciones feministas de nuestro país se han dirigido a la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, Reem Aslem, para advertirle de que la Ley Trans española «desactiva» la Ley Contra la Violencia de Género aprobada en 2004. Asimismo, las trece organizaciones firmantes denuncian el secretismo que el Gobierno estaría imponiendo a la hora de informar sobre el impacto de la norma impulsa por Irene Montero.
La misiva está firmada por la propia Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), la Fundación de Mujeres, presidida por la socialista Elena Valenciano, la Asociación de Juristas Themis o Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Todas ellas muestran su «creciente preocupación» por los casos de los hombres que están usando el cambio de sexo registral para eludir distintos aspectos de la mencionada norma.
«Distintas asociaciones y plataformas de todo el país estamos documentando la variada casuística que demuestra cómo la autodeterminación registral de sexo está sirviendo a varones maltratadores sentenciados y otros delincuentes para vulnerar los derechos, libertades y seguridad de mujeres víctimas de violencia de género y mujeres presas en contextos de alto riesgo, inseguridad y hermetismo», afirman en la carta remitida a la Relatora Especial de la ONU.
Hacen alusión también a la creación de la asociación de Trans No Normativas, integrada por policías y militares, que han seguido el procedimiento de autodeterminación. Denuncian que ellos «conservan su nombre de pila y aspecto y exigen participar como mujeres en oposiciones, promociones internas y acceso a los beneficios».
