El secretario general del Grupo Parlamentario de VOX, José María Figaredo, ha denunciado que España enfrenta una crisis laboral grave, «con 2,7 millones de parados». Esta situación ha obligado a 379.000 jóvenes españoles a emigrar en busca de un futuro más estable, mientras que 481.000 jóvenes se enfrentan al paro dentro del país. Figaredo criticó al Gobierno por permitir que «España sea el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro y también de paro juvenil, provocando que cuatro de cada 10 jóvenes que se quedaron sin empleo eran españoles»
Figaredo también ha cuestionado la política del Gobierno de Pedro Sánchez que, según él, se enfoca en «exportar jóvenes formados en España e importar personas de la República Islámica de Mauritania o Gambia». En este contexto, ha planteado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la cuestión del «coste fiscal para la hacienda pública» de acoger a 250.000 inmigrantes ilegales, especialmente tras los noticias en medios afines al Gobierno que sugieren que se pretende traer a estos inmigrantes para «cubrir vacantes laborales».
Además, diputado por Asturias ha criticado al Gobierno por hacer creer que, «por arte de magia», los inmigrantes ilegales encontrarán empleo en España, cuando en realidad «terminarán recibiendo subsidios». De esta manera, Figaredo señala que, mientras se siguen repartiendo subsidios, los españoles enfrentan dificultades como «facturas altas, viviendas inalcanzables, libros escolares caros, alimentos en aumento y la falta de residencias para mayores y de una ley de ELA». Según Figaredo, el Gobierno trae inmigrantes a «gastos pagados» y a los ciudadanos españoles sólo les envían «llamadas de Hacienda».
Por último, Figaredo asegura que el PP y PSOE se han reunido «para pactar el reparto a esos barrios más humildes de toda la geografía española, para que sean efectivamente ellos quienes padezcan esta invasión inmigratoria». En cambio, pide que dejen el «efecto llamada» y que aseguren «fronteras firmes y claras, donde nadie podrá entrar en España vulnerando y violentando nuestra integridad física» y, en caso de ello, «repatriación inmediata y sanciones para todos los buques que colaboran con el tráfico de personas».
