Francia rechazó en 2015 reconocer la oficialidad de las lenguas regionales. En España, por el contrario, los idiomas propios de las autonomías gozan de preferencia y suponen una barrera para el resto de españoles.
Inés Arrimadas fue interpelada durante el debate electoral de este lunes en TV3 sobre la exigibilidad del catalán a los funcionarios públicos. La candidata de Ciudadanos titubeó y, entre la bronca de sus oponentes, terminó afirmando que se seguirá exigiendo el idioma cooficial a los docentes.
Más tarde, durante una entrevista en Al Rojo Vivo, ha puntualizado que no comprende que algunos funcionarios -como médicos o jueces- no puedan ejercer en Cataluña por su desconocimiento de la lengua. Pero no de los profesores, que tampoco podrían trabajar en la región si se da la misma situación.
Hace una semanas repasamos en La Gaceta las desigualdades entre los españoles a cuenta de las lenguas cooficiales. Cómo un murciano no tiene las mismas oportunidades que un mallorquín, ni un coruñés que un pacense. Y no sólo en cuestiones como el acceso al funcionariado, también se da en áreas tan cruciales como el sistema sanitario, cuyos servicios varían en función de la región en la que se habite.
El ejemplo galo
Como a Ciudadanos le gusta tanto mirar a Europa, tomaremos como ejemplo a nuestra vecina Francia para explicar cómo allí la imposición de idiomas minoritarios no se da. Los galos también tienen una zona catalanoparlante y otra vascófona como nuestro país, pero allí solo impera el francés.
El pasado mes de noviembre de 2015 Francia rechazaba formalmente reconocer oficialmente cualquier lengua que no sea el francés. En una votación para la incorporación de la Carta Europea de Lenguas Regionales, firmada por el país galo en 1999, el Senado tumbó la iniciativa del Ejecutivo socialista. Así, tanto el catalán, como las lenguas alsacianas, el euskera o el corso no fueron reconocidas como oficiales.
El proyecto de ley fue rechazado por 180 senadores, la mayoría pertenecientes a partidos conservadores y al PRG, una formación de la izquierda radical. Con esta negativa a la iniciativa del Ministerio de Justicia, el país vecino no modificó el artículo 2 de su Carta Magna, que declara como única lengua de la República es el francés.
La ‘ruptura de la unidad’
Los Republicanos, la UMP a la que Sarkozy modificó el nombre ese año, indicó que la ratificación de la Carta supondría la »ruptura de la unidad de Francia»,además de la introducción del »comunitarismo» en la Constitución. Los de Sarkozy sostuvieron entonces que al ser el francés la lengua de la nación, abrir la puerta a la oficialización de otros idiomas sería una contradicción.
El ministerio de Justicia explicó, por su parte, que su intención era conceder a todos los ciudadanos »el derecho a emplear las lenguas regionales o minoritarias» que, expuso, deben ser protegidos en áreas esenciales de la Administración.
Los partidos de izquierdas defensores de la medida, naturales de las zonas en las que se hablan esas lenguas, habían solicitado a los senadores que asumieran »su responsabilidad por el futuro del patrimonio lingüístico de Francia», además de pedirles que apoyasen la iniciativa del Ejecutivo.
Dos países -España y Francia- integrados en un marco comunitario común y con políticas muy diferentes. ¿De verdad pueden decir los catalanes que su idioma es perseguido o denostado por el resto de españoles? Solo basta con echar un ojo a nuestros vecinos para darnos cuenta de que no.
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