Un informe exclusivo de la Fiscalía General del Estado, al que ha tenido acceso LA GACETA, revela una realidad alarmante sobre los menores extranjeros no acompañados (menas) en España durante 2024. Se realizaron 7.562 pruebas para determinar la edad de estos individuos y los resultados sugieren un posible fraude generalizado en el sistema. En 20 provincias, los decretos de mayoría de edad superan a los de minoría y un elevado número de casos archivados por abandono de los centros refuerza la sospecha de que muchos inmigrantes ilegales pueden estar mintiendo sobre su edad para eludir la expulsión. Sin embargo, sólo dos repatriaciones se ejecutaron a nivel nacional, lo que evidencia un sistema incapaz de aplicar medidas contundentes frente a la actual presión migratoria.
Del total de pruebas, el 32,49% (2.457 casos) determinaron mayoría de edad, el 50,58% (3.825 casos) minoría de edad y el 16,93% (1.280 casos) fueron archivados sin resolución. Esto implica que el 49,42% de las pruebas (mayoría + archivados) no confirman minoría de edad, un dato que, según fuentes policiales, apunta a un intento deliberado de muchos supuestos menores por evitar ser identificados como mayores. La Fiscalía señala que la mayoría de los casos archivados se deben al abandono de los centros por parte de los menas antes de la resolución de las pruebas, una práctica que, según las mismas fuentes, suele estar motivada por el temor a ser detectados como mayores de edad. Este porcentaje cercano al 50% de casos no confirmados como menores sugiere que el problema del fraude en las pruebas de edad puede ser más grave de lo que las cifras oficiales reflejan.
En 20 provincias, los decretos de mayoría de edad superan a los de minoría, con porcentajes particularmente alarmantes en varias regiones. Teruel encabeza la lista con un 94,64% (53 de 56 pruebas), seguida de Albacete, Cuenca, Burgos, y Soria, todas con un 100% de mayoría de edad, aunque con un volumen bajo de pruebas (4, 16, 5, y 2, respectivamente). Segovia registra un 80% (4 de 5 pruebas), Córdoba un 75,76% (25 de 33), Álava un 75% (12 de 16), y Sevilla un 69,77% (120 de 172). La Rioja y Toledo alcanzan un 66,67% (6 de 9 y 4 de 6, respectivamente), mientras que Castellón muestra un 60% (12 de 20). Provincias con mayor volumen de pruebas, como Santa Cruz de Tenerife (50,28%, 364 de 724), Lérida (45,77%, 130 de 284), Badajoz (46,92%, 61 de 130), y Málaga (35,43%, 79 de 223), también destacan por su alta proporción de mayoría de edad, señalando focos críticos de posible inmigración ilegal.
En estas 20 provincias, se realizaron 1.999 pruebas, equivalente al 26,43% del total nacional. De estas, el 50,13% (1.002 casos) concluyeron en mayoría de edad, un porcentaje significativamente superior al 32,49% nacional. Este dato, combinado con los casos archivados por abandono —a menudo ligados, según fuentes policiales, al temor de ser identificados como mayores—, refuerza la percepción de que muchos supuestos menores pueden estar falseando su edad en estas regiones, perpetuando un sistema vulnerable al fraude migratorio.
A pesar de los 2.457 casos declarados mayores de edad, que podrían ser candidatos para internamiento en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y posterior expulsión, sólo 138 fueron internados (5,62%), con Barcelona (56), Málaga (46), y Cádiz (12) liderando las cifras. Más alarmante aún, sólo dos repatriaciones se ejecutaron en todo el país (0.081% de los mayores de edad), ambas en León. De las tres repatriaciones informadas favorablemente (1 en Teruel, 2 en León), solo estas dos se materializaron, representando un ínfimo 0,026% del total de pruebas. Esta discrepancia entre los casos de mayoría de edad y las expulsiones efectivas pone en evidencia un sistema migratorio permeable, incapaz de garantizar la aplicación de la ley.
La combinación de un alto porcentaje de casos archivados (16,93% nacional) y la casi nula ejecución de expulsiones refuerza la percepción de que muchos menas pueden estar aprovechando lagunas legales para permanecer en España. Provincias como Sevilla, Málaga, Badajoz, y Lérida, con un volumen significativo de pruebas y altas tasas de mayoría de edad, son puntos críticos donde el fraude parece más evidente. Es urgente un replanteamiento de las políticas migratorias para garantizar que la ley se cumpla con rigor, evitando que el fraude en las pruebas de edad se convierta en una vía consolidada para la inmigración ilegal que en estos momentos están explotando las mafias.
