La inseguridad en la España vaciada preocupa cada vez más a los agentes destinados en el entorno rural. La Guardia Civil, encargada de la seguridad en buena parte de los municipios alejados de las grandes ciudades, denuncia una falta crónica de personal, el deterioro de infraestructuras y el cierre progresivo de cuarteles que dificulta la prevención de delitos y aumenta los tiempos de respuesta.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) alertan de que los agentes se ven obligados a cubrir enormes extensiones de territorio con plantillas insuficientes. «La Guardia Civil debe cubrir demarcaciones extensas con población dispersa. La falta de personal se traduce en una menor presencia de patrullas, afectando tanto a la prevención como a la reacción», denuncia la asociación.
El secretario jurídico de AUGC, Eugenio Nemiña, sostiene que esta situación impide desarrollar una labor preventiva eficaz. «Estamos condenados a reaccionar siempre tarde. En vez de prevención de la delincuencia, los agentes se ven obligados sólo a una labor de reacción», afirma a El Confidencial. Según explica, la ausencia de presencia policial genera sensación de impunidad entre los delincuentes y provoca «una clara desprotección» entre los vecinos.
En numerosos pueblos ni siquiera existe Policía Local, por lo que la seguridad depende exclusivamente de patrullas de la Guardia Civil que deben cubrir varias localidades al mismo tiempo. «Un mismo agente puede tener el cuartel en un pueblo, vivir en una ciudad cercana y tener a su cargo varias poblaciones de la provincia«, señala Nemiña, que reclama «más núcleos de agentes por zonas».
El Ministerio del Interior defiende un «incremento histórico» de efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, las asociaciones de guardias civiles sostienen que ese aumento se ha concentrado principalmente en la Policía Nacional. Según denuncian, mientras este cuerpo ha superado sus cifras históricas de 2012, la Guardia Civil mantiene niveles de plantilla similares a los de 2015.
Los datos reflejan esa diferencia. Entre 1998 y 2024, la plantilla de la Policía Nacional ha crecido un 39%, mientras que la de la Guardia Civil apenas lo ha hecho un 12%. Las asociaciones consideran que este «crecimiento desigual» resulta insuficiente para cubrir las necesidades de seguridad en el medio rural.
A la falta de personal se suma el deterioro de las instalaciones. Desde JUCIL alertan de una situación de “cierres, ruina y dependencia municipal” en numerosos cuarteles de la España vaciada. «Los cuarteles se caen a cachos», resume uno de los agentes destinados en zonas rurales.
Para cubrir el mayor tiempo posible, las plantillas adaptan sus horarios a sistemas de turnos y largas jornadas. Las asociaciones denuncian que la España rural se está convirtiendo en un «escenario de seguridad low cost«, donde los agentes trabajan en condiciones cada vez más precarias mientras los vecinos perciben una creciente inseguridad.
Muchos guardias civiles consideran además que una mayor presencia del cuerpo podría contribuir a combatir la despoblación. La instalación de familias vinculadas a los cuarteles supondría más actividad económica, nuevos negocios y mayor dinamismo social en numerosos municipios rurales.
Sin embargo, la realidad actual dificulta ese escenario. El cierre de cuarteles y la centralización de servicios se une a la falta de infraestructuras y oportunidades en muchos pueblos. La ausencia de guarderías, colegios, conexión estable a internet, transporte y servicios básicos complica que los agentes puedan establecerse junto a sus familias en las localidades donde trabajan.
