Fuentes internas del Servicio Aéreo de la Guardia Civil han revelado en exclusiva a LA GACETA la existencia de una carta oficial de ITP Aero —la empresa responsable del mantenimiento de los motores CT7-9 de los aviones CN-235— en la que se alerta de una situación «de gravedad» que afecta directamente a la seguridad de los tripulantes.
La misiva, dirigida hace dos años al coronel José Miguel García Malo de Molina, jefe del Servicio Aéreo, informa de que uno de los motores estuvo durante meses paralizado en taller a la espera de componentes que el distribuidor exclusivo autorizado por General Electric no entregaría hasta finales de año, comprometiéndose durante gran parte del año 2024 la lucha contra la inmigración ilegal y el narcotráfico.
El problema, según consta en la carta, se agrava por el Boletín de Servicio de Alerta 72-A0551, que reduce la vida útil de varios elementos críticos y dispara la demanda de repuestos.
ITP Aero reconocía explícitamente el «comprometido estado actual de la flota» de la Guardia Civil: «un motor con bajo margen de temperatura y otro con daños en turbina, que requieren un seguimiento estrecho». Aunque da prioridad a los motores de la Benemérita, la empresa adviertía que «no podemos asegurar una mejora de los tiempos de reparación» y que «no se prevé que estos problemas se vayan a solucionar a corto-medio plazo». Mientras esto sucedía, España recibía casi 64.000 inmigrantes ilegales en uno de los años —el 2024— que más inmigración ilegal recibió nuestro país por vía marítima y terrestre.
En una conversación interna, un miembro del Servicio Aéreo comenta sin ambages el documento. «Si en algún momento, Dios no lo quiera, tenemos algún problema con el avión», la carta demostraría que se «está volando con los motores degradados», confiesa un agente. Asimismo, los agentes consultados por este medio, recuerdan los accidentes mortales sufridos por los Aviocar del Ejército del Aire y advierten que los CN-235, entregados entre 2008 y 2009, se encuentran ya en un estado técnico límite.
Estos aviones son la principal herramienta de vigilancia marítima de la Guardia Civil. Operan en la Operación Índalo y en los despliegues de FRONTEX en Senegal y Mauritania, donde detectan cayucos en la ruta atlántica más activa hacia Canarias. Pero su utilidad va más allá del control migratorio: equipados con radar de búsqueda marítima, cámara infrarroja y el sistema FITS, los mismos CN-235 son fundamentales en la lucha contra el narcotráfico.
Precisamente, uno de estos aviones fue el que, en tiempo real, siguió el recorrido de la narcolancha que en febrero de 2024 arrolló y mató a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). La aeronave permitió el posterior despliegue de agentes y la identificación de los implicados. En el Campo de Gibraltar y las costas andaluzas, estos aparatos son esenciales para localizar y perseguir las rápidas narcolanchas de las mafias.
Mientras el Ejército del Aire ha adquirido nuevos C-295, la Guardia Civil sigue dependiendo de una flota envejecida sin que el Ministerio del Interior haya impulsado una renovación equivalente. En un momento en el que se exige a los agentes un esfuerzo máximo tanto en el control de la inmigración ilegal como en la persecución del narcotráfico, volar con motores degradados y daños en turbina no es solo una cuestión de mantenimiento, sino que resulta una exposición innecesaria al peligro de quienes operan en primera línea.
La carta de ITP Aero y la preocupación interna de los pilotos ponen de manifiesto una brecha preocupante entre el discurso oficial sobre el refuerzo de las fronteras y la realidad logística que viven los tripulantes cada vez que despegan. Hasta el momento, las fuentes consultadas siguen sosteniendo que «las condiciones de vuelo y observación continúan siendo precarias y peligrosas».
