Los funcionarios de prisiones dicen basta a las políticas migratorias y el abandono del PP y el PSOE en Castilla y León. El sindicato Tu abandono me puede matar denuncia en declaraciones exclusivas a LA GACETA que varias cárceles de la comunidad viven una situación cada vez más tensa por la elevada presencia de internos extranjeros y por la falta de medios y de reformas legales que, a su juicio, dejan a los trabajadores penitenciarios en una posición de vulnerabilidad.
Según explica el portavoz de esta organización, los centros penitenciarios del norte de la comunidad se han convertido en destinos de traslado para internos procedentes de otras regiones. El motivo, señalan, es que en Castilla y León la tasa de delincuencia es menor que en otras zonas de España, lo que hace que existan plazas disponibles en prisiones de gran tamaño que terminan utilizándose para reubicar a reclusos sin arraigo en el país.
Esta situación ha provocado un cambio profundo en el perfil de la población penitenciaria. De acuerdo con el sindicato, en algunas cárceles el interno tipo es actualmente un varón joven, de entre 20 y 24 años, sin vínculos familiares ni sociales en España. En la mayoría de centros la proporción de presos de origen extranjero superaría el 70% del total.
Uno de los ejemplos que citan es el centro penitenciario de Dueñas, en la provincia de Palencia. Allí, explican, hay en torno a 1.150 reclusos y la mayoría procede de entornos migratorios (hasta 800 solicitaron el menú halal). Una realidad que, según los funcionarios, también se repite en otros establecimientos de la región como la prisión de Mansilla de las Mulas, en León, y la de Topas, en Salamanca.
Los representantes sindicales aseguran que este cambio demográfico se deja notar en el día a día del funcionamiento de los centros. Ponen como ejemplo el aumento de solicitudes de dietas especiales durante el Ramadán, un indicador que, afirman, permite comprobar la elevada presencia de internos musulmanes en algunos módulos.
Más allá de la cuestión cultural o religiosa, el sindicato insiste en que el problema principal radica en la falta de arraigo de muchos de estos reclusos. Según su portavoz, se trata en gran parte de delincuentes condenados por delitos menores —principalmente robos con violencia, intimidación o agresiones— pero con un historial de reincidencia que dificulta su adaptación al entorno penitenciario.
Los funcionarios advierten además de que la situación podría agravarse con la entrada en vigor de nuevas reformas legales destinadas a endurecer la respuesta penal ante la multirreincidencia. A su juicio, estas medidas provocarán que más personas condenadas por pequeños delitos ingresen en prisión durante periodos cortos, aumentando todavía más la presión sobre centros que ya consideran saturados.
En paralelo, denuncian que las agresiones verbales y físicas contra el personal son frecuentes. Aunque no hablan de violaciones como tal, sí reconocen que existen episodios de insultos, amenazas y forcejeos con connotaciones sexuales contra funcionarias. «Las agresiones verbales se producen todos los meses», asegura el portavoz sindical.
Otra de las reivindicaciones centrales del colectivo es el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Actualmente, explican, no cuentan con presunción de veracidad en sus denuncias ni con la cobertura jurídica que sí tienen otros cuerpos públicos. Esto implica, por ejemplo, que si un interno lesiona a un trabajador penitenciario, las indemnizaciones fijadas por los tribunales rara vez se cobran porque los agresores suelen ser insolventes.
El sindicato también critica que el marco normativo que regula muchas de las sanciones disciplinarias dentro de las cárceles sigue basado en normas aprobadas a principios de los años ochenta. A su juicio, esa legislación está completamente desfasada para afrontar problemas actuales como la introducción de drogas o teléfonos móviles mediante drones.
Por todo ello, reclaman la creación de un estatuto propio para los funcionarios de prisiones que actualice la regulación del sistema penitenciario y dote a estos trabajadores de mayor protección jurídica y profesional. «Somos un colectivo incómodo del que nadie quiere hablar», lamentan, al tiempo que reprochan tanto al PP como al PSOE haber ignorado durante años las demandas del sector.
