El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pide apartar a cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que estudiar el recurso contra él. Éste fue interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en contra de su renovación. Son los mismos magistrados que ya dijeron que actuó con «desviación de poder» al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada.
Fuentes fiscales confirman que, tal y como adelantó El Independiente, García Ortiz presentó un incidente de recusación. En él, solicita que cuatro magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no se hagan cargo de dicho recurso. Las mismas fuentes precisan que la petición es a título personal por el propio fiscal general y no por la Abogacía del Estado.
Son los cuatro magistrados que este martes anularon el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Esto sucede porque la Sección Cuarta es a la que le corresponden los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales.
Fuentes jurídicas consultadas señalan que en este caso no recusa a la quinta magistrada que conforma dicha Sección. No participó en la deliberación del pasado noviembre sobre Delgado, que es en la que se basa el incidente de recusación. En caso de que los magistrados recusados no se aparten, la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla que será la conocida como ‘Sala 61’ la que tendrá que pronunciarse.
Esta Sala Especial cuenta con 15 magistrados. Son el presidente interino del Supremo, los presidentes de Salas, los cinco magistrados más antiguos y los cinco más recientes de cada una de dichas Salas. El recurso en cuestión lo presentó la APIF el pasado febrero contra el Real Decreto por el que el Gobierno renovó a García Ortiz al considerar que el fiscal «no es idóneo para desempeñar». Se basa en sus actuaciones desde su designación para el cargo en 2022, según indicó en una nota de prensa.
La asociación mencionó la anulación del nombramiento de Delgado. También recalcó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opuso a su renovación al no considerarlo idóneo para el cargo.
Además, insiste en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general será un jurista de reconocido prestigio. Un requisito que, para APIF, presentaría García Ortiz, pero que «decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo». En concreto, por «utilizar sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento».
