Tras las críticas de jueces y fiscales, y después de que Justicia dejara solo al juez Llarena en el proceso que Puigdemont ha iniciado contra él desde Bélgica, el Gobierno se ve forzado a rectificar – ‘bandazos’, lo llama el PP- y afirma ahora que ha contratado abogados para defender al juez.
El Gobierno ha anunciado que ha puesto en marcha «todos los mecanismos necesarios» para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país.
El Ejecutivo ha indicado en un comunicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial «hasta este momento» en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones «de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española» que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.
Comparecencia el 4 de septiembre
Llarena, instructor de la causa abierta por el «procés», debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia.
«El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo», ha especificado el Gobierno.
El magistrado -recuerda la nota- solicitó amparo al Consejo General del Poder Judicial que, en Comisión Permanente, resolvió trasladar al Gobierno el pasado día 21 su petición para la adopción de «las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica».
Y «de manera inmediata», según el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado para poder contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas.
«El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente», recalca la nota, que contradice, sin embargo, las declaraciones de Justicia sobre el amparo que podía esperar Llarena del Gobierno al que pertenece:
El Gobierno da a Puigdemont la pista para actuar contra LLarena
Este comunicado se produce después de que durante el fin de semana distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como los partidos políticos, se hayan pronunciado sobre este asunto, en su mayoría reclamando al Gobierno que asumiese la defensa de Llarena.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales acusaron el pasado viernes al Ejecutivo de «dejación de funciones» en un comunicado conjunto en el que exigieron que asumiese la defensa de Llarena.
Estas asociaciones profesionales reaccionaron así después de que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, asegurara que, aunque el Ejecutivo iba a defender la jurisdicción de España en la demanda civil contra el juez, el amparo legal y el apoyo al juez le corresponde al propio Poder Judicial.
Jueces y fiscales leen la cartilla al Gobierno Sánchez y amparan a Llarena
Tras el comunicado conjunto publicado el viernes, la Unión Progresista de Fiscales instó este sábado al Estado a personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.
Las críticas de la oposición
Tanto Ciudadanos como el Partido Popular han denunciado el abandono del Gobierno de Sánchez al juez Llarena a lo largo del fin de semana. Así, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que «Sánchez abandona a quienes defienden al Estado en Cataluña»: «El alquiler de Moncloa es demasiado caro para España: un Gobierno interino claudicante ante los supremacistas que dieron un golpe de Estado contra nuestra democracia. Los españoles deben tomar la palabra», ha añadido Rivera junto al hashtag #Elecciones ya.
Mientras, desde el Partido Popular, el presidente Pablo Casado solicitaba la comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso para dar cuenta del «desamparo» en el que ha dejado el Gobierno al magistrado del Tribunal Supremo. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el líder de los populares vuelve a exigir al Ejecutivo a que asuma ante la justicia belga la defensa del instructor de la causa del «procés» en la demanda civil presentada contra él por el expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron con él.
«Solicitamos la comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso para que responda del desamparo al Juez Llarena, y requerimos al Gobierno la inmediata personación en el procedimiento de Bélgica para alegar y garantizar la inmunidad e integridad de la jurisdicción española», resalta Casado en un mensaje en su cuenta de Twitter.
