Informes relativos a concesiones de autorizaciones de residencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los que ha tenido acceso LA GACETA revelan que Mali es una de las nacionalidades que más ha incrementado dichas autorizaciones en el último año.
Según los datos consultados por este medio, a 31 de marzo del presente año había 60.435 inmigrantes ilegales de nacionalidad maliense con autorización de residencia en régimen de extranjería, un 25,4% más que un año antes.
El perfil de este colectivo es especialmente llamativo. Acorde a la información analizada, el 91% son hombres y la edad media se sitúa en 33 años. Sólo el 6% son menores de 16 años. Se trata, por tanto, de un flujo predominantemente masculino, joven y en edad activa, procedente de un país que el Informe Anual de Seguridad Nacional 2025 identifica como epicentro de la amenaza yihadista en el Sahel, con presencia consolidada de JNIM (Al Qaeda) y Daesh-ISGS.
Fuentes de la Policía Nacional consultadas por LA GACETA señalan que en muchos de estos casos los requisitos para obtener la residencia han sido mínimos. La presentación de una solicitud de protección internacional con datos de presunta veracidad ha sido suficiente, en numerosos expedientes, para obtener una identificación provisional y acceder a la regularidad administrativa. Esta vía, según las mismas fuentes, se ha utilizado de forma masiva en los últimos años por nacionales de países del Sahel, donde resulta especialmente difícil contrastar de forma exhaustiva la veracidad de los relatos de persecución.
El resultado es que miles de inmigrantes ilegales procedentes de una zona de máxima inestabilidad y riesgo yihadista han pasado en poco tiempo de una situación de ilegalidad a contar con una autorización de residencia en vigor. Con el riesgo que ello supone.
Una vez obtenida la residencia —ya sea a través de protección internacional, circunstancias excepcionales o cualquier otra vía—, estos extranjeros entran en el circuito que permite solicitar la nacionalidad española. En el caso de los reconocidos como refugiados, el plazo se reduce a cinco años de residencia legal y continuada, frente a los diez años exigidos con carácter general. Aunque no todos los casos de protección internacional son reconocidos como asilo pleno (muchos obtienen protección subsidiaria), la práctica administrativa y la propia normativa permiten que, tras un periodo de residencia legal de cinco años, un número significativo de estos perfiles pueda iniciar el proceso de nacionalización.
Fuentes policiales advierten que este mecanismo genera un riesgo añadido, ya que inmigrantes ilegales procedentes de contextos de alta radicalización islamista pueden, en un plazo relativamente corto, adquirir la nacionalidad española con todos los derechos que ello conlleva, sin que se haya realizado un cribado de seguridad suficientemente riguroso en origen.
