El magistrado Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, posee un informe pericial que sostiene que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, manipuló registros informáticos para eliminar su rastro con la consultora Inmark. Este vínculo es crucial, ya que cuatro ministerios adjudicaron contratos por 138.000 euros a esta empresa cuando ella era accionista. La semana pasada, Gómez pidió aplazar su declaración tras saber que el juez conocía sus intereses económicos en la empresa.
El peritaje, al que ha accedido el diario El Debate, se incluye en la ampliación de la querella presentada por Hazte Oír contra Gómez. En el documento se informa al magistrado de que Gómez registró a Inmark como cliente en la Plataforma TSC, desarrollada con fondos públicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el 11 de noviembre de 2023. Como persona de contacto, Gómez usó su correo oficial de la Complutense. Este vínculo es una prueba para la acusación de que existe una relación empresarial continua entre Gómez y la consultora.
Según el peritaje, cuando el juez comenzó a investigar esta relación, Gómez accedió al software bajo el nombre «María Fernández» (su primer nombre y segundo apellido) y cambió el nombre de la consultora a «Rima», pero olvidó modificar el CIF de la empresa, que sigue siendo A-78395969, perteneciente a Inmark Europa SA. Esta manipulación ocurrió después del 5 de junio, justo cuando el juez citó a Gómez a declarar por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Begoña Gómez fue accionista de Inmark hasta junio de 2022. Desde su llegada a La Moncloa hasta que vendió sus acciones, el Gobierno adjudicó contratos a Inmark por 138.688,63 euros desde los ministerios de Economía, Transportes, Industria y Empleo. Al revelarse estos contratos, el CEO de Inmark, Manuel López, negó cualquier trato de favor, pero admitió que Gómez tenía intereses económicos en la empresa durante el proceso de adjudicación.
Se espera que el juez Peinado le pregunte sobre su relación con Inmark el próximo 19 de julio, cuando regrese a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar sobre «todas las actividades profesionales desde que su marido llegó a la presidencia del Gobierno».
