La rebelión llega a Europa. Cerca de 2.000 guardias civiles han denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea por someterlos a jornadas encubiertas de hasta 16 horas de disponibilidad no remunerada cuando son desplegados en centrales nucleares, una práctica que consideran ilegal, abusiva y contraria al Derecho de la Unión. La denuncia ha sido presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria en el cuerpo, tras años de quejas ignoradas por el Ministerio del Interior.
Según informa Ok Diario, los afectados pertenecen a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), una unidad de élite especializada en orden público y protección de infraestructuras críticas. Durante estas comisiones de servicio, que suelen durar una semana, los agentes trabajan ocho horas presenciales y permanecen otras 16 horas en situación de guardia obligatoria, con tiempos de respuesta de apenas 15 minutos, lo que en la práctica les impide abandonar la central nuclear, descansar con normalidad o desconectar del trabajo.
Según la denuncia, esta situación vulnera de forma sistemática el régimen de jornada y descansos, ya que los agentes permanecen durante 24 horas sometidos a restricciones que imposibilitan el descanso efectivo, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La AUGC subraya que se les niegan las 11 horas de descanso diario, el descanso semanal y una compensación económica adecuada, con el consiguiente riesgo para su salud laboral.
Durante estas comisiones, los guardias civiles duermen, comen y trabajan dentro de las propias instalaciones nucleares, normalmente ubicadas en zonas aisladas. Al no residir en la zona ni disponer de vehículo propio, quedan prácticamente confinados en la central, obligados a estar permanentemente disponibles sin que ese tiempo compute como trabajo. Algunos agentes llegan a pasar por hasta ocho centrales nucleares al año en estas condiciones.
La asociación denuncia además que, si Europa da la razón a los agentes, el Estado español se verá obligado a reconocer todas las horas realmente trabajadas, lo que implicaría más días de descanso y una mayor retribución. Hasta ahora, la Administración sólo computa las ocho horas presenciales, excluyendo las guardias, pese a que el TJUE ya ha establecido en varias sentencias que los periodos de disponibilidad con tiempos de reacción mínimos deben considerarse tiempo de trabajo.
Antes de acudir a Bruselas, la AUGC intentó resolver el conflicto por la vía interna, con quejas ante el Consejo de la Guardia Civil y acciones judiciales en España, sin éxito. Ante la inacción del Ministerio del Interior, la asociación decidió elevar el caso a la Comisión Europea para forzar al Gobierno a cumplir la ley.
Si Bruselas considera que España vulnera la normativa comunitaria, exigirá una corrección inmediata. En caso contrario, el procedimiento podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha fallado en situaciones similares contra otros Estados miembros.
Desde la AUGC califican la situación de «régimen de esclavitud» y denuncian que un Gobierno que presume de defender a los trabajadores consiente que agentes del Estado pasen semanas enteras sin descanso real, confinados y sin una compensación justa. «Es lamentable que tengamos que acudir a Europa para defender derechos laborales básicos», denuncian, advirtiendo de que no cesarán hasta que esta práctica sea erradicada.
