La asociación afronta el tramo final de la recogida de firmas por la libertad de elección de lengua con gran apoyo de la ciudadanía y haciendo frente a los intentos de boicot de ayuntamientos de Cataluña, Valencia y Baleares.
La asociación Hablamos Español calcula que le quedan alrededor de tres meses para reunir las 500.000 firmas certificadas que han de entregar en el Congreso de los Diputados para que su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la libertad de elección de lengua sea debatida en la Cámara Baja.
“Debido a las trabas y zancadillas de algunos ayuntamientos de comunidades
autónomas con lengua cooficial hemos tenido que reestructurar la campaña y prescindir de recoger firmas con mesa y carpa en algunas ciudades”, han denunciado desde el colectivo, a la vez que han anunciado que llevarán a cabo otro tipo de iniciativas “para compensar el tiempo perdido luchando en rifirrafes con ayuntamientos”.
Tras el éxito con el que arrancó la recogida de firmas, los miembros de Hablamos Español se han ido encontrando con todo tipo de trabas, intentos de boicot e incluso cancelaciones. “La casuística de lo sucedido a lo largo de estos meses es variada y va desde declarar un punto de la ciudad prohibido para este tipo de actividades hasta enviar a la Policía Local para amenazar con poner multas con los pretextos más peregrinos”, han relatado.
“En algunos casos -añaden-, después de haber logrado sortear todos los obstáculos y haber satisfecho las más variopintas peticiones del departamento correspondiente, no nos enviaron el permiso supuestamente concedido o se nos pidió que aportáramos un listado con nombres y teléfonos de todas las personas que pudiéramos en algún momento participar en la recogida de firmas”.
La asociación denuncia que esto es algo “completamente innecesario y con visos de tener intencionalidad disuasoria, puesto que se trata de localidades ‘oficialmente’ hostiles a la libertad de la lengua”. Y es que esta persecución la han sufrido en zonas de Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana.
Cuentan además que en una ocasión la Policía Local contactó por teléfono con la presidenta del colectivo, Gloria Lago, para advertirle -”bajo amenaza de multa”- de que tenían que retirar unas “inexistentes pancartas”. Fueron tres los casos en los que Hablamos Español se vio obligada a suspender la actividad “debido a presiones de la Policía Local”: dos de ellos han motivado la presentación de una queja ante el ayuntamiento correspondiente y el otro ha desembocado en una denuncia ante la Policía.
Asimismo se han encontrado con todo tipo de pretextos, entre ellos alguno “tan ridículo como que el funcionario se sentía incapaz de interpretar la póliza de seguro de la asociación”.
La asociación se muestra agradecida con las miles de personas que se han acercado a ofrecerles su apoyo y que lamentan “lo absurdo que resulta que la gente de a pie tenga que organizarse para que se vean reconocidos unos derechos tan básicos como poder escolarizar en español a los niños en cualquier lugar del país, ser atendidos en la lengua común en todos los organismos oficiales de España y no ser discriminado a la hora de acceder a un empleo público”.
La campaña de Hablamos Español no sólo tiene como meta lograr las firmas
necesarias para llevar la ILP de Libertad de Elección de Lengua al
Congreso, sino también informar y “lograr que en toda España se sepa que
este problema afecta ya a todas las comunidades autónomas con
cooficialidad, y que la solución está en aplicar una ley como la que
propone Hablamos Español, homologable a la legislación de todos los países
con más de una lengua en parte de su territorio”.
