En la documentación también hay escritos firmados por mandos intermedios dando instrucciones para proteger la consulta ilegal, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
El juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga delitos relacionados con el referéndum ilegal del 1-O, ha hallado en los documentos que querían quemar los Mossos en una incineradora apuntes contables que suman algo más de tres millones de euros procedentes del Estado y desviados al proceso separatista, según informa el diario El País, que cita a fuentes de la investigación.
Explica que procede supuestamente del dinero del FLA que dio el Estado a la Generalitat para afrontar deudas e impagos.
El material fue intervenido por la Policía Nacional en una incineradora el pasado 26 de octubre. La Policía Nacional sospechaba que los documentos estaban vinculados con el referéndum del 1-0. Se intervinieron por orden de la Audiencia Nacional para analizar su contenido.
En la documentación también hay escritos firmados por mandos intermedios dando instrucciones para proteger la consulta ilegal, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. También figuran documentos de contenido político.
Los Mossos se negaron en un primer momento a entregar la documentación y pidieron a la Policía Nacional que les mostrara una orden judicial para intervenir estos archivos. Los agentes de la Policía Nacional no disponían de esta orden, por lo que pidieron a la juez Lamela que les autorizara a intervenir los documentos para poderlos analizar.
Tras más de tres horas de espera de ambos cuerpos policiales frente a la incineradora, la juez acordó autorizar a la Policía Nacional a requisar esta documentación y a trasladarla a Jefatura para analizarla.
Los Mossos negaron aquel día que los informes que iban a quemar estuvieran vinculados con el referéndum del 1-O y alegaron que es una práctica habitual y ordinaria que se acuda a incineradoras a quemar este tipo de archivos, o que se utilicen trituradoras para destruirlos, ya que la actividad policial genera documentos de contenido sensible que, cuando ya no son necesarios, se deben destruir para atender a la protección de datos.
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