Huawei atraviesa su peor crisis en España. Según datos revelados por El Economista, la filial de la tecnológica china ha reducido sus ingresos en casi la mitad en sólo dos años, pasando de 1.135 millones en 2022 a 646 millones en 2024, lo que supone un desplome del 43%. A las pérdidas económicas —más de 4 millones de euros en 2024 tras haber cerrado con beneficios en 2022— se suma ahora una tormenta política y diplomática por el contrato adjudicado por el Ministerio del Interior para la gestión de las escuchas judiciales.
El Gobierno de Pedro Sánchez entregó a Huawei, por 12,3 millones de euros, la custodia de datos sensibles procedentes de interceptaciones telefónicas. Interior lo justificó por ser la «oferta más barata», pero la decisión ha desatado una ola de advertencias desde Estados Unidos. Washington acusa a España de poner en riesgo la seguridad de las comunicaciones al confiar información crítica a una empresa vinculada al Partido Comunista Chino.
Congresistas republicanos como Gus Bilirakis y Richard Hudson ya han exigido al Departamento de Comercio abrir una investigación contra España por su acuerdo con Huawei, calificando la decisión de «profundamente preocupante». «Un aliado con tratado no puede utilizar equipos de una entidad alineada con el PCCh sin asumir un grave riesgo para la seguridad nacional y económica», advierten en una carta enviada al secretario de Comercio.
El mensaje sigue la línea de otras misivas remitidas en julio, en las que el senador Tom Cotton y el congresista Rick Crawford pidieron revisar los acuerdos de inteligencia con España. La Administración Trump ya había prohibido en 2019 a Huawei y ZTE operar en redes de telecomunicaciones estadounidenses, al considerar inaceptable el riesgo de espionaje.
Pese a estas advertencias, empresas como Telefónica mantienen sus vínculos con la compañía china. Según adelantó El País, la operadora ha renovado hasta 2030 su contrato con Huawei para el núcleo de la red 5G destinada a clientes individuales, reforzando así la posición de la multinacional en España.
Lo que se presenta como un contrato técnico es, en realidad, un movimiento con consecuencias geopolíticas graves: mientras Huawei se hunde en el mercado español, sigue controlando infraestructuras críticas que afectan a la soberanía tecnológica y a la seguridad nacional.
