El Govern de Salvador Illa ha impuesto más de 200 sanciones a comercios y establecimientos que no rotulan en catalán, recaudando más de 410.000 euros en un solo año. Según reveló Vozpópuli a partir de los datos de la Agencia Catalana del Consumo, estas multas se han convertido en la tercera causa de sanción más frecuente en Cataluña, confirmando el endurecimiento del plan lingüístico que Illa firmó junto a ERC y los Comuns en el Pacte Nacional per la Llengua.
El salto en la represión lingüística es evidente: en 2021 apenas se impusieron 16 sanciones (17.350 euros recaudados), que subieron a 68 en 2022 (112.606 euros). Pero en 2023 se dispararon a 206 sanciones, con una recaudación récord de 409.105 euros. Una ofensiva sin precedentes contra el español que coincide con la aprobación de un plan para arrinconar el castellano en comercios, empresas y vida pública.
El documento firmado por Illa fija como objetivo imponer el catalán a 600.000 personas más de aquí a 2030. Para ello, ha dotado 255 millones de euros, de los cuales más de 106 irán a educación. El plan contempla aumentar inspecciones, controles y sanciones en empresas privadas, bajo el pretexto de «normalizar» el catalán frente al castellano y al inglés.
El eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, denunció la ofensiva de Illa como una «persecución del español absolutamente anticonstitucional, ilegal y un insulto a todos los españoles».
«Quien tiene que ser perseguido, reprimido, multado y empobrecido para que hable una lengua acaba odiando esa lengua. Y lo cierto es que en Cataluña se habla menos catalán y más español… y árabe, claro. Pero a esta lengua la miman Illa y su banda de mascarillas», señaló Tertsch en su perfil de X.
El plan lingüístico del PSC y sus socios separatistas no sólo refuerza la inmersión escolar obligatoria, sino que criminaliza el uso del español en la esfera privada. Comercios, pymes y autónomos se ven asfixiados por la imposición de multas mientras el Govern se presenta como garante de «derechos lingüísticos».
