La continuidad de la central nuclear de Almaraz se perfila como uno de los grandes frentes energéticos de 2026, en un momento marcado por la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear y por la publicación de varios estudios que, aun defendiendo su cierre, reconocen que mantenerla operativa hasta 2030 permitiría abaratar la factura eléctrica y reducir emisiones. El debate afecta de lleno al sistema energético español, al calendario de cierres nucleares y a la política de transición impulsada por el Gobierno.
En las últimas semanas han salido a la luz dos informes elaborados por expertos próximos al Ejecutivo que coinciden en un diagnóstico incómodo para el discurso oficial, detalla El Debate. Ambos trabajos admiten que prolongar la vida útil de la central extremeña, tal como solicitan sus propietarios, tendría un efecto moderador sobre los precios de la electricidad durante los próximos años. Pese a ello, los dos concluyen que no conviene retrasar el apagón nuclear.
El argumento central de estos estudios se apoya en la supuesta penalización que una prórroga de Almaraz tendría sobre el despliegue de energías renovables. Según esta tesis, mantener una gran potencia nuclear en el sistema reduciría los precios capturados por la solar y la eólica, provocaría vertidos y desincentivaría nuevas inversiones en generación limpia y almacenamiento. Sin embargo, las propias cifras de los informes dibujan un escenario distinto en el corto plazo.
Uno de los trabajos, firmado por Natalia Fabra, consejera de Redeia y exconsejera de Enagás, admite que retrasar el cierre del reactor 2, previsto para 2027, hasta 2030 permitiría reducir los precios eléctricos un 8,44% en 2028, un 14,52% en 2029 y un 12,65% en 2030, siempre que se mantengan íntegramente las inversiones recogidas en el Plan Nacional de Energía y Clima. En paralelo, las emisiones de CO2 descenderían entre un 14 y un 23%, al desplazar generación con gas.
La explicación es estructural. Almaraz, con sus dos reactores, continúa siendo la principal instalación de generación eléctrica del país y permite limitar la dependencia del gas, un combustible fósil importado en gran medida desde Rusia, Estados Unidos y Argelia. Su presencia en el sistema reduce tanto el coste marginal como las emisiones asociadas a la producción eléctrica.
Pese a este reconocimiento, el informe de Fabra sostiene que una extensión de la vida de la central enviaría una señal negativa a los inversores en renovables. Según sus cálculos, si la inversión prevista en eólica, solar y almacenamiento se redujera un 25%, los precios eléctricos acabarían subiendo un 7,10% en 2028, un 2,88% en 2029 y un 10,29% en 2030. Esta hipótesis sirve de base para justificar el cierre.
Una conclusión similar alcanza otro estudio elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Politécnica de Cataluña, encargado por Greenpeace y coordinado por Eloy Sanz, exsubdirector general de Políticas Medioambientales durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Este trabajo reconoce que mantener Almaraz en funcionamiento hasta 2030 aliviaría de forma transitoria la factura eléctrica entre 2028 y 2030, aunque anticipa un repunte de precios a partir de 2031.
En el sector energético no pasa desapercibida la paradoja. A pesar de admitir que la central nuclear reduce precios y emisiones, ambos informes recomiendan acelerar su cierre. La justificación vuelve a ser el impacto sobre las renovables, que, con Almaraz conectada a la red, verían reducidos sus ingresos: entre un 12 y un 23% en el caso de la solar y entre un 5 y un 13% en la eólica. La pérdida potencial de inversiones se cifra en hasta 26.130 millones de euros.
Otras fuentes del sector cuestionan abiertamente esta lectura. A su juicio, asumir que unos precios futuros al alza desincentivan la inversión en tecnologías más baratas contradice la lógica económica. Si los propios estudios prevén encarecimientos a partir de 2031, el atractivo de las renovables debería reforzarse, no debilitarse.
