El plazo de presentación de solicitudes previsto para el segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria será del 13 al 24 de abril.
La hoja de inscripción para acceder a la educación obligatoria en Cataluña en el curso 2018-19 no incluye ninguna casilla por la que las familias puedan decidir si quieren la escolarización de sus hijos en catalán o en castellano, según publica hoy el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).
El DOGC publica la resolución, que no incluye cambios significativos con respecto al curso anterior, por la que se aprueban las normas de preinscripción y matrícula de alumnos del segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.
En virtud de la aplicación del artículo 155 corresponde al Gobierno central garantizar la casilla de escolarización en castellano, algo que anunció que haría hace unos meses y que finalmente ha descartado.
El plazo de presentación de solicitudes previsto para el segundo ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria será del 13 al 24 de abril.
Fuentes del Departamento de Enseñanza han explicado que en la hoja de inscripción, como se viene haciendo desde hace algunos años, se seguirá preguntando a los padres de los niños que se escolarizan por primera vez cuál es su lengua materna y a los alumnos que lo necesiten se les seguirán aplicando programas de adaptación lingüística.
El pasado mes de febrero, el Gobierno anunció que estudiaba la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluyese una casilla en la que los padres pudiesen elegir el castellano como lengua vehicular para sus hijos, después de que lo solicitasen el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC).
Esta intención despertó el rechazo de la comunidad educativa y tanto sindicatos de docentes y de alumnos, como asociaciones de padres se manifestaron a favor del actual modelo lingüístico catalán y contra la posibilidad de la inclusión de la citada casilla.
En marzo, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento de la Lomce por el que se obligaba a la Generalitat a pagar la escolarización en centros privados de los alumnos sin enseñanza pública en castellano.
