Interior acerca al País Vasco a tres presos del entorno etarra

Furgón policial que traslada al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a su llegada al centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) procedente de Madrid. EFE/Javier Cebollada

El Ministerio del Interior ha acordado el traslado de otros tres reclusos etarras a cárceles próximas al País Vasco, según señala en un comunicado en el que explica que los presos beneficiados son Iñaki Beaumont Echeverría (de Granada a Soria), Jon López Gómez (de Herrera de La Mancha, en Ciudad Real, a Daroca, en Zaragoza) y Sabin Mendizábal Plazaola (de Valladolid a Logroño).

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha decidido los tres acercamientos de acuerdo con el criterio de las respectivas juntas de tratamiento de las cárceles en las que cumplen condena.

Iñaki Beaumont está en prisión desde el 27 de noviembre de 2000. La Audiencia Nacional le condenó por los delitos de tentativa de asesinato terrorista, pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas en relación con el intento de asesinato del concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Miguel Ángel Ruiz Langarica.

Beaumont reconoció militar en ETA, negó haber intentado asesinar al edil y aseguró que la dirección etarra le ordenó controlar los movimientos policiales en Pamplona e identificar a los “guardaespaldas” sin uniforme, pero no vigilar a representantes políticos.

Su condena es de 18 años y 6 meses, con lo que cumplió las tres cuartas partes en octubre de 2014. Ha admitido la legalidad penitenciaria al recurrir su clasificación, según Interior.

Jon López Gómez, en prisión desde el 6 de julio de 2005, cumple una condena de 17 años y un día por los delitos de estragos y lesiones. Cumplió las partes de condena en septiembre de 2015 y ha admitido la legalidad penitenciaria.

Sabin Mendizábal Plazaola está en la cárcel desde junio de 2015, con una condena de 4 años y 6 meses por un delito de daños relacionado con la violencia callejera. También llegó a las tres cuartas partes de la condena en julio de 2018. En su caso, además de aceptar la legalidad penitenciaria ha asumido su responsabilidad delictiva.

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