El Gobierno de España ha asegurado por escrito no tener conocimiento de cuál es la finalidad de la mercancía —61.711 toneladas métricas de piedra y escollera— que está utilizando Gibraltar para ganar terreno al mar y llevar a cabo una ambiciosa operación urbanística de la que ya informó LA GACETA hace escasos días.
En una comunicación oficial emitida el 14 de agosto, la Secretaría de Estado de Seguridad respondió a una solicitud de información presentada por Guillermo Rocafort Pérez, un escritor y profesor universitario. Rocafort, invocando la Ley de Transparencia, solicitó aclaraciones al Gobierno sobre el tránsito diario de cientos de camiones que transportan piedras y tierra desde canteras ilegales en España hacia Gibraltar. Este material estaría siendo utilizado para construir una nueva megaestructura ilegal en la costa este de Gibraltar, ocupando aguas que España reconoce como propias.
Rocafort lanzó una serie de preguntas dirigidas al Gobierno, buscando saber qué controles estaban implementando las Fuerzas de Seguridad, qué sanciones se aplicaban y si el Ministerio del Interior estaba al tanto de estas actividades y tenía planes para detenerlas. El trasfondo de su preocupación radica en la soberanía sobre las aguas que se están rellenando, un área de 200.000 metros cuadrados que pertenece a España.
La respuesta del Ministerio del Interior subraya en varias ocasiones que el traslado de materiales desde España a Gibraltar no constituye ninguna infracción. En su comunicado, se menciona que el Resguardo Fiscal, encargado de supervisar las exportaciones a la Colonia británica mediante el proceso de levante aduanero, no ha identificado ningún procedimiento sancionador relacionado con estas actividades
