La Policía Nacional investiga la vinculación de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz con una trama dedicada al cobro fraudulento de subvenciones públicas para la promoción industrial y empresarial de la bahía gaditana.
Según informa la Dirección General de la Policía, el presunto fraude fue detectado inicialmente por la brigada de policía judicial de Zaragoza a partir de unas investigaciones sobre entramados empresariales dedicados a la percepción de ayudas públicas de forma fraudulenta.
Estas investigaciones, a las que se sumó el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, condujeron a los agentes hasta un centro situado en el Camino de las Torres de la capital aragonesa, en el que tenían su sede algunas de las empresas implicadas.
A través del estudio de sus cuentas, los investigadores verificaron la existencia de una relación directa de estas empresas con la Asociación de Mujeres Empresarias de Cádiz, con la que cruzaban diversos pagos de elevadas cuantías.
La nueva investigación abierta permitió determinar que la referida asociación había sido perceptora entre los años 2008 y 2012 de hasta 900.000 euros del Ministerio de Industria en concepto de ayudas.
También pudieron verificar que la asociación presentaba anualmente unos presupuestos de unos 400.000 euros para los proyectos a subvencionar, y que percibía cada ejercicio otros 200.000 correspondientes a expedientes de reindustrialización del Ministerio de Industria para proyectos de promoción de la Bahía de Cádiz.
Las pesquisas realizadas mostraron, además, que los únicos fondos de que disponía la asociación eran los aportados por el departamento ministerial y que alrededor de esta organización había numerosas empresas relacionadas con sus administradoras y asociadas.
Las subvenciones percibidas se justificaban mediante la presentación de las facturas correspondientes por los trabajos supuestamente realizados, así como de la aportación de los resguardos de los pagos.
En relación con este punto, los investigadores pusieron de relieve que aunque los pagos se efectuaban realmente a fin de justificar su destino ante el Ministerio de Industria, el dinero seguía posteriormente un «movimiento circular» por distintas empresas para retornar finalmente a la asociación.
Según las fuentes citadas, las empresas subcontratadas, emisoras de las facturas justificativas de los pagos, estaban vinculadas a las administradoras de la asociación o eran directamente de su propiedad.
El dinero de las subvenciones, añaden estas fuentes, se destinaba a la justificación de los gastos de años diferentes para los que habían sido concedidas, y llegaba finalmente a empresas vinculadas a miembros de la asociación investigada.
Los informes policiales llevados a cabo fueron remitidos a la Fiscalía de Cádiz y han propiciado la apertura de diligencias por presunto fraude en un juzgado de dicha localidad.
Los investigadores han tomado declaración como investigadas a quince personas, dos en Zaragoza, dos en Málaga y ocho miembros de la asociación gaditana, responsables todos de esta organización empresarial y de las empresas subcontratadas e interpuestas.
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