VOX se unirá este miércoles al paro convocado por jueces y fiscales en protesta y como rechazo a la «ley Bolaños» y se suma también a las protestas tras la cesión del Gobierno de Pedro Sánchez al separatismo para que Cataluña asuma la gestión integral de los funcionarios de la administración local.
Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de VOX, e Isabel Pérez Moñino, portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, se sumarán a la protesta de jueces y fiscales convocada a las 12:00 horas en la puerta de los Juzgados de Plaza de Castilla. Así, el diputado nacional de VOX, Juan José Aizcorbe, asistirá a la protesta de funcionarios convocada en la Plaza de Cibeles, mientras que el secretario general del partido, Ignacio Garriga, apoyará esta movilización en Barcelona. «Es crucial que Sánchez no consiga destruir la última barrera que nos separa del chavismo», afirmó Santiago Abascal en la red social X.
Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las progresistas, convocaron un paro de diez minutos a las puertas de las sedes judiciales para expresar su rechazo a dos de los proyectos de ley anunciados recientemente por el Gobierno: el que pretende modificar el acceso a ambas carreras y el que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales.
Las asociaciones solicitaron «la retirada» del proyecto de ley que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal al considerar que recoge «medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial», que no responde a «una verdadera demanda social» y que no contribuye a «solucionar los verdaderos problemas de la Justicia». Señalaron que el Ejecutivo busca «pisotear» la independencia judicial y «destruir» la separación de poderes.
También reclamaron «la retirada» del anteproyecto de ley que reforma que pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para adaptar la Fiscalía al nuevo modelo procesal que deja en manos de los fiscales las investigaciones penales que hasta ahora dirigen los jueces. En este sentido, advierten de «los peligros y las consecuencias de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer».
Al margen de la convocatoria de estas asociaciones, unos mil jueces y fiscales han impulsado una huelga contra las mismas reformas en un manifiesto. Son en su mayoría pertenecientes a las últimas promociones, aunque también se encuentran jueces y fiscales veteranos apoyando la iniciativa.