El juez Pablo Llarena ha citado este viernes a seis de los principales implicados en la intentona golpista para comunicarles su procesamiento y celebrar una visitilla donde se revisen sus medidas cautelares. Con esta decisión, el instructor de la causa podría dar al traste con el último y desesperado plan del ‘procés’.
La CUP -quién lo iba a decir hace unas semanas- le ha roto los esquemas al separatismo. Su abstención durante la investidura de Turull y su anuncio de romper con las otras dos fuerzas rupturistas para pasar a la oposición ha descolocado al independentismo. Y eso es sólo el principio de una semana que se antoja muy dura para el candidato Turull y cinco de sus compañeros de bancada.
El panorama para el separatismo es desolador. El tercer intento de investir a un candidato implicado en el proceso sedicioso ha fracasado. Con la actuación de la Justicia, el movimiento separatista catalán ha sido descabezado: el expresidente fugado, Junqueras y los líderes de ANC y Ómnium entre rejas y el resto de exconsejeros a punto de ser procesados. Incluso algunos medios ya hablan de diputados que están planteándose dejar su escaño.
La citación del viernes, crucial
El citado artículo señala que «cuando el detenido fuere puesto a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, éste, salvo que decretare su libertad provisional sin fianza, convocará a una audiencia en la que el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza».
Es decir, el juez está planteando la posibilidad de imponerles prisión preventiva. Y la posibilidad de que procese a Turull por rebelión conduciría, si ese auto de procesamiento fuera confirmado después por el Supremo y una vez acordada la prisión preventiva, a su suspensión del cargo público.
En caso de procesamiento habría suspensión
Según han explicado fuentes del Alto Tribunal a EFE, los autos de procesamientos serán o bien por sedición o bien por rebelión. Si se confirma el segundo delito para alguno de los citados entra en juego el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
‘’Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión’’, reza el citado artículo.
Es decir, si el juez procesa a Turull por rebelión y decreta su ingreso en prisión provisional quedará suspendido de cualquier cargo público -al igual que los otros cinco diputados citados-. Esta situación sin embargo no será firme hasta que el auto de procesamiento haya sido confirmado en caso de recurso, y la suspensión durará el tiempo que los acusados permanezcan en la cárcel preventivamente.
Para que el juez decrete el ingreso en prisión es necesario que alguna de las acusaciones personadas lo solicite. La Fiscalía no ha explicado todavía el sentido de su posicionamiento, al igual que tampoco lo ha hecho la acusación popular ejercida por VOX. La Gaceta se ha puesto en contacto con esta última y ha avanzado que ‘’en su ánimo’’ está solicitar la prisión provisional, aunque ha subrayado que todavía se encuentra estudiando el auto y su decisión no se conocerá hasta este viernes.
El papel que ha jugado la sociedad
El juez Llarena está a un paso de enterrar definitivamente el ‘procés’ con un mecanismo muy sencillo, la ley. Todo comenzó con un desafío a la legalidad y será precisamente ésta la que termine con un delirio que ya dura años.
VOX ha jugado un papel fundamental desde la acusación particular en la causa del Supremo, y también presentando -al igual que otros ciudadanos de a pie como Miguel Durán- la denuncia por las revelaciones del exjuez Santiago Vidal sobre el censo ilegal para el 1-0. Allí comenzó todo.
Desde el partido que preside Santiago Abascal han querido dejar claro a La Gaceta que la persecución de los golpistas ha sido posible gracias a la sociedad: los guardias civiles que impidieron la quema de documentos por parte de los Mossos, la ciudadanía que se ha echado a la calle para pedir la aplicación del artículo 155, la sala de apelaciones del Supremo que ha venido confirmando las medidas adoptadas por Llarena… Todos ellos, explican desde VOX, han participado y así ha quedado plasmado en el documental ‘La revolución de los balcones’.
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